El gobernador Omar Perotti encabezó la reunión de la Junta Provincial de Seguridad, y no pasó desapercibida la designación de Armando Traferri, involucrado en la causa por juego clandestino, como representante del Senado provincial.
En el encuentro, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, consideró que la junta fue incluida en la ley de Emergencia en Seguridad y Asuntos Penitenciarios. “Es la institucionalización de este espacio donde estamos representados los tres poderes del Estado que tenemos responsabilidad en el tema”, dijo.
Para la ministra “el objetivo concreto es avanzar en el diálogo efectivo que ya venimos teniendo, articulando distintas acciones, priorizando las medidas, las acciones conjuntas con los operativos multiagenciales en el territorio, el diálogo con los gobiernos locales. La próxima reunión vamos a trabajar en un temario concreto con acciones específicas”.
Por su parte, el secretario de Justicia, Héctor Somaglia, manifestó que “esto tiene que ser una política de Estado y únicamente se sostiene bajo el consenso. Es necesaria una relación o interconexión entre el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas policiales de nuestra provincia. Se está trabajando en conjunto. La labor conjunta se viene haciendo”.
Precisamente por la presencia del MPA llamó la atención, o no tanto, la designación de Traferri como representante del Senado. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra intentaron en varias oportunidades imputarlo en la mencionada causa, pero el legislador sanlorencino se amparó con uñas y dientes en sus fueros para evitarlo. Además, siempre recibió el respaldo corporativo de la Cámara Alta.
Y ahora el Pipi redobla la apuesta con su presencia en la Junta donde precisamente se delinean las políticas criminales. “Es muy importante que el Ejecutivo haya convocado finalmente a la Junta de Seguridad y para mí es un honor y una responsabilidad que mis compañeros y mi compañera me hayan designado”, expresó Traferri, tras la sesión extraordinaria.
Traferri destacó que “actualmente la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía santafesina” y que “hace pocos días los comerciantes de San Lorenzo alzaron la voz por este tema, con justa razón”. En ese sentido, adelantó: “La Junta Provincial de Seguridad es una gran herramienta para que los diversos poderes del Estado podamos coordinar y llevar adelante acciones. Esta problemática no se combate divididos”.
El senador justicialista consideró que “es importante que haya más presencia policial para resolver el problema a corto plazo”, pero señaló: “A largo plazo es necesario que los Estados, tanto el provincial como los municipales y comunales, vuelvan a tener la presencia en los barrios que dejaron de tener allá por 2007. Porque, de otra manera, el problema de la inseguridad persistirá y seguirá agudizándose. Esos espacios que deja el Estado, los termina ocupando el delito”.
