Redacción Vía Rosario
El análisis del juicio abreviado a Leonardo Peiti comenzó este miércoles con la presentación de graves acusaciones contra los senadores Armando Traferri y Hugo Rasetto. En el marco de la causa sobre juego clandestino, el rosarino dijo que pagó un total de 250 mil dólares a cambio de favores políticos en diferentes instancias.
La declaración fue citada por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery a la hora de justificar el pedido de una condena atenuada al empresario como imputado colaborador. Si bien las sospechas sobre el exintendente de San Lorenzo ya tomaron estado público, en esta instancia surgieron nuevos detalles del presunto vínculo entre ambos y se sumó la figura del legislador del departamento Iriondo.
Según los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Peiti dijo sobre Traferri: “Yo le daba la plata y él se la iba llevando, así de clarito”. Ante los fiscales manifestó que llegó a darle un total de 200 mil dólares al “Pipi” y que apoyó su campaña política como aliado del actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
En cuanto a Rasetto, el empresario contó que se reunió con él porque tenía “problemas” en esa región para operar el juego clandestino. Los investigadores plantearon que el intermediario y anfitrión del encuentro en 2017 fue Ricardo Paulichenco, secretario legislativo del Senado de la provincia.
El rosarino dijo que ese día le dio 40 o 50 mil dólares al legislador para que resolviera el conflicto. También comentó que dejó dinero para Lisandro Enrico, representante del departamento General López, pero no tiene certezas de que éste último lo haya recibido. “A partir de esa situación, pudo trabajar en esos ámbitos, pero no sabe si se debió al pago o por otra cuestión”, comentaron los fiscales.
Respecto de la relación con Traferri, Peiti manifestó que recurrió al sanlorencino con el plan de que la Lotería de Santa Fe le autorizara la explotación de máquinas de apuestas online en locales oficiales. Su propuesta consistía en generar ingresos legales estimados en 1.200 millones de pesos mensuales para el Estado y que la mitad se destinara a seguridad.
De acuerdo a los representantes del MPA, el empresario aportó a la campaña del “Pipi” y del peronismo porque “pensaba que de esa forma iba a obtener las licencias” del negocio. El proyecto se presentó a principios de 2020 a través del abogado José Fernández Chemes, pero finalmente no prosperó.