La comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe convocó a una reunión este martes por el proceso disciplinario contra una funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La denuncia apunta a la posible filtración de información judicial reservada con fines políticos.
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La protagonista del caso es Débora Cotichini, a quien responsabilizan por faltas graves en torno al manejo de datos del Organismo de Investigaciones (OI). El director del mismo, Marcelo Sain, aseguró que la denuncia en contra de la jefa de Inteligencia de la zona sur fue impulsada por dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR).
A través de redes sociales, el ex ministro de Seguridad responsabilizó al “séquito” de Maximiliano Pullaro, su antecesor en el cargo que ocupó hasta marzo. A continuación agregó que esas mismas personas “reportan” al fiscal general Jorge Baclini.
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Las sospechas sobre el uso de información reservada por parte del Ejecutivo tomaron estado público a partir de la denuncia del subdirector del OI, Víctor Moloeznik. Este martes, la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich, fue citada a la Legislatura para dar a conocer la evidencia en torno al caso.
Cotichini supo trabajar en 2015 como subsecretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe. Quien entonces era titular de la cartera, Juan Lewis, es su actual abogado defensor en el marco del proceso disciplinario.
Sain rechazó las acusaciones sobre el supuesto uso de datos del OI para perjudicar a sus adversarios cuando pertenecía al Poder Ejecutivo de la provincia. “Con esta maniobra desesperada pretenden ir contra las investigaciones en curso que apuntan a la mafia política con protección judicial”, sentenció.
