Ya sea porque la vivieron, o porque se la contaron de primera mano, todos tenían alguna historia con Monticas. Goteras, lluvia adentro de los micros, reventones de neumáticos, incendios y completa ausencia de dispositivos de seguridad formaban parte del común anecdotario.
Y sin embargo tuvo que llegar una más que anunciada tragedia, para que se le rescindiera el contrato a la empresa. A un año del momento en el que se perdieron 13 vidas, y otras tantas se vieran seriamente afectadas, poco se avanzó para prevenir que se repita, y mucho menos para encontrar a los responsables.
"Observar que todavía nadie está pagando las consecuencias de lo ocurrido duele mucho", dijo Edgardo Souza, hermano de Gustavo, chofer de uno de los colectivos que protagonizó el choque frontal contra otro micro de la empresa.
"Esto era una tragedia anunciada, lamentablemente le tocó a mi hermano", expresó con profundo dolor a Vía Rosario, en medio la angustia por tener que contener a su madre, a la que su hermano visitaba a diario, y de la impotencia por tener que pelearla por él y en nombre de un sinnúmero de familiares sin que la Justicia le de una respuesta.
Porque se habla que la unidad fiscal comandada por Walter Jurado está analizando más de 200 evidencias, entre pericias fotográficas, informes de planimetría, inspecciones oculares y el testimonio de 60 testigos. Se rumorea que entre marzo o abril podría haber novedades para una causa que a un año, no tiene un solo imputado.
Y es que a las demoras habituales de la Justicia local, se le sumó el paro de trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) que debe aportar pericias calves, como el análisis del interior del neumático delantero que le explotó a uno de los colectivos y que provocó que se cruzara al carril contrario, impactando con el frente del otro transporte. A este organismo se llegó luego de que el primer perito anunciara públicamente, antes que a la Justicia, los resultados de su trabajo, invalidando el procedimiento.
Ocurre que a la desidia e improvisación se le sumó la impericia, que se conjugó con el particular comportamiento de una firma que nunca se caracterizó por el apego a las reglas legales ni morales, que jamás se acercó a los familiares de las víctimas, y a la que llamativamente después del "accidente" se le incendió cuatro veces el galpón donde alojaba a los micros sujetos a verificaciones.
La Provincia no se cansa de decir que se han reforzado los controles desde lo ocurrido, pese a que crecen las denuncias contra la UTE que reemplazó a Monticas. Desde la Fiscalía aseguran que la causa no está paralizada, aunque se sepa poco y nada sobre su estado. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) destaca que Monticas no existe más, aunque muchos de sus directivos siguen vinculados a otras firmas de transporte de la provincia.
Mientras todo eso ocurre, son los familiares de los 13 fallecidos los que cargan con la cruz de ya no tenerlos, son la veintena de sobrevivientes los que saben que permanecerán toda su vida con secuelas, y en el mejor de los casos, con pesadillas imborrables, y es toda una comunidad la que pide por Justicia y que nunca más se repita una tragedia semejante.
