La prórroga por decreto del Fondo Nacional de Turismo, financiado en parte por un impuesto a los pasajes, disparó una doble polémica. Por un lado, puso en contradicción el discurso del gobierno de Javier Milei acerca de su intención de bajar la presión impositiva. Y, por otro, encendió alarmas entre dirigentes de la oposición y expertos en derecho tributario, que advirtieron que el DNU es inconstitucional porque aborda una materia vedada.
Mediante el DNU 4/25, publicado este lunes en el Boletín Oficial, Milei y su Gabinete prorrogaron, hasta el 31 de diciembre de 2027, el Fondo Nacional del Turismo, que se nutre en parte de un impuesto del 7% sobre el precio de los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, que hayan sido vendidos o emitidos en el país, o en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional.
El decreto dirigió las miradas hacia Daniel Scioli, quien desde su cargo de secretario de Turismo es quien administra esa caja millonaria y en los últimos días sonó como posible candidato de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, aunque luego él mismo salió a desmentirlo.
El Fondo Nacional de Turismo fue creado por ley en 2005 por una vigencia de diez años. En la Ley de Presupuesto 2015, la última ejecutada por Cristina Kirchner, se prorrogó por diez años más. Ese plazo vencía este 5 de enero, y el Gobierno había incluido en su proyecto de Presupuesto 2025 un artículo para extenderlo por igual término, pero como la ley no se aprobó, Milei avanzó por DNU.
La decisión choca con aquella promesa de campaña que hablaba de alivianar la presión impositiva. El argumento que usa el Gobierno en su defensa, según fuentes consultadas, es que lo que se prorrogó es el Fondo (que era lo que caducaba) y no el impuesto (que se creó como parte del fondo y “ya tiene una asignación específica por ley hasta 2027”).
No obstante, tanto dirigentes de la oposición como especialistas en derecho tributario consideraron aplicable el artículo 99 de la Constitución Nacional, que en su inciso 3 establece que los impuestos son materia vedada para los DNU y que aquellos decretos que incumplan este requisito son nulos de nulidad absoluta e insanable.
“Si la intención del Gobierno libertario era prorrogarlo, debió haberse incluido en la nueva Ley de Presupuesto, que el presidente Milei decidió no tener por segundo año consecutivo. O, en todo caso, enviar un proyecto de ley específico para ser aprobado en el Congreso”, indicó el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez.
Para Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, “el DNU es groseramente inconstitucional, porque el Fondo contiene el tributo del 5% sobre el precio de los pasajes, cuando la Constitución le prohíbe al Poder Ejecutivo legislar por DNU en materia tributaria”.
Por su parte, Guillermo Michel, exdirector general de Aduanas, se amparó también en el artículo 75 de la Carta Magna, que establece como una de las facultades del Congreso “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.
“No hay dudas de que para establecer una asignación específica se requiere una ley especial aprobada por mayoría absoluta. No se discute si por DNU se prorrogó el impuesto o no, la discusión es otra: si por DNU se puede prorrogar un destino de un impuesto. La respuesta es clara: no”, sostuvo el exfuncionario del Gobierno de Alberto Fernández.
En contraposición, el tributarista Sebastián Domínguez interpretó: “El impuesto no tiene una fecha de finalización porque la ley no establece un plazo para su vigencia. Lo que vencía era el Fondo Nacional de Turismo, que utiliza parte de lo recaudado. Por eso, el impuesto sigue vigente de forma independiente al plazo del fondo”.
Scioli en la mira
Los cañones apuntaron contra Scioli. “La Secretaría de Turismo, bajo el control del ‘multifacético’ Daniel Scioli, será la encargada de administrar este fondo millonario. En vez de eliminar impuestos abusivos que convierten al turismo en un lujo inalcanzable para muchos, el Gobierno prefiere alimentar una estructura que sigue beneficiando a quienes manejan los recursos, dejando al ciudadano común afuera”, señaló el diputado y presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.
El tributarista Diego Fraga coincidió en que “debería plantearse la inconstitucionalidad en la Justicia” pero lamentó que “mientras tanto, se seguirá recaudando (ilegítimamente) para una caja que maneja Scioli”.
El exfuncionario “albertista” viene de ser cuestionado por el Gobierno porteño por haber pedido atrasar el inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires para después de los feriados de Carnaval (previstos para el 3 y 4 de marzo) con el fin de incentivar el turismo. “La educación es una prioridad indiscutida, el inicio de las clases no es negociable”, le contestó Laura Alonso, vocera de Jorge Macri.
En días donde viene ganando protagonismo, Scioli salió a negar una candidatura por La Libertad Avanza para las elecciones de este año. “Nadie me lo insinuó ni me lo dice porque yo puse muy claro cuando asumí acá. Mi carrera electoral terminó”, sentenció en una entrevista con el diario La Nación.
