Los números de la pobreza son devastadores. Dibujan el contorno más nítido del profundo cambio que consiguió el populismo en la Argentina: una regresión social sin precedentes, gestada con la épica de una transformación progresista.
Hay por lo menos tres señales inquietantes que el informe oficial sobre la pobreza plantea para el futuro mediato.
La primera es la rigidez estructural que ha adquirido el problema. La cantidad de pobres ascendió a 18 millones de argentinos, un millón más que a mitad de 2022. Marca el regreso a niveles similares a los de la pandemia. A tres años de la emergencia sanitaria, el grupo más castigado por la pobreza son los niños. Uno de cada dos menores de 14 años vive en un hogar sin ingresos suficientes para adquirir alimentos, ni afrontar gastos de salud y educación. Argentina descendió durante la pandemia un escalón más hacia la pobreza estructural y la gestión económica posterior sembró su perpetuación a través de las generaciones más jóvenes.
La segunda señal es que el modelo de economía inflacionaria fue, en reemplazo de la peste, el más nítido y evidente generador de pobreza. La brecha entre los ingresos familiares y la canasta básica se amplió en términos reales por el aumento irrefrenable de los precios. Tener trabajo no es garantía suficiente para eludir la pobreza y es la inflación lo que explica que el desempleo sea del 6,3%, pero la población pobre sextuplique esa cifra. El cautiverio admitido por el peronismo en la jaula ideológica de Cristina está borrando del mapa al trabajador como sujeto social, arrojándolo sin abrigo al vértigo de las tareas informales, excluidas de los ajustes pactados en paritarias.
La tercera señal es que 8 de cada 100 argentinos ya se hundió en la indigencia, pese a los dos puntos del producto que las organizaciones sociales se degluten con la excusa política de haber constituido, desde 2003 y con el gerenciamiento de los subsidios por desempleo, el nuevo sujeto social transformador de la sociedad argentina.
Transición
La vacilación de Cristina frente a estos resultados es por la ausencia de candidatos propios que asuman su efecto electoral. Cree que un gobierno sin oferta política competitiva es un gobierno terminado. Alberto Fernández y Sergio Massa piensan que un gobierno sin reservas en el Banco Central también está terminado.
El Presidente se declaró “aliado absoluto” de los Estados Unidos para que el FMI lo asista con recursos hasta el final del mandato. Cristina intentó sabotearle la entrevista con Joe Biden, declarándose proscripta por una conspiración imaginaria del país que Biden preside. El FMI ignoró el berrinche. Aprobó la cuarta revisión del acuerdo firmado con Argentina, liberó un giro de 5.400 millones de dólares y accedió a la flexibilización de la meta de acumulación de reservas, que ya era una quimera inalcanzable por la sequía. Mantuvo vigente el requisito de reducir el déficit fiscal de este año al 1,9% del PIB. Habrá dos revisiones más: antes de las primarias de agosto y las generales de octubre.
Conviene, no obstante, leer la audiencia de Fernández con Biden más allá de las urgencias del pedido argentino. La agenda propuesta por la Casa Blanca es un reflejo de la geopolítica imperante. La visita reciente de Xi Jinping a Vladimir Putin fue cautelosa en el anuncio de apoyo militar a Rusia contra Ucrania y acaso siniestra en el intento chino de postularse como un mediador neutral. Pero fue sobre todo preocupante por el planteo conjunto de una nueva era multipolar, en la que ambos se oponen a la coincidencia estratégica entre Estados Unidos y Europa en torno a la democracia liberal, la vigencia de los derechos humanos y de un orden global basado en reglas.
Alberto Fernández cree que Biden le habló de keynesianismo. Cristina que la persiguen como a Donald Trump. En verdad, Biden le entregó al Presidente argentino una agenda de intereses bilaterales para que Fernández delegue en su sucesor. Y recursos para que llegue a esa transición.
Un viaje caro
Acaso para confirmar en términos prácticos las condiciones normativas de esa relación, una jueza en los Estados Unidos falló en el pleito que una mayoría casi unánime de la política local se compró al estatizar YPF, envolviéndose en discursos ardorosos sobre las distintas variantes históricas del nacionalismo argentino. La sentencia de la jueza Loretta Preska debería compilarse en la historia que encumbró en el poder al kirchnerismo mientras simultánemente se construían las condiciones de pobreza estructural que afligen al 40 por ciento de los argentinos.
Fue aquel grupo de dirigentes que venía de Río Gallegos a conquistar la transformación progresista de la economía el que se financió originariamente con el sindicalismo petrolero; luego con la privatización de YPF; los intereses de regalías petroleras en la banca Credit Suisse (caída en desgracia); el apriete a Repsol para la venta de acciones al cercano Grupo Esquenazi; el giro posterior hacia la estatización de YPF; la digitación de permisos en Vaca Muerta.
Aún se ignora la cantidad de millones dólares que deberá pagar Argentina en concepto de indemnización por ese periplo bucanero. Acaso una cifra cercana a la que acaba de depositar el FMI.
