El veto a la movilidad jubilatoria, que el presidente Javier Milei firmó el viernes y oficializó este lunes, fue recibido con cautela y desconfianzas mutuas en la Cámara de Diputados, donde la oposición necesita volver a reunir dos tercios de los votos como primer paso para forzar la promulgación de la ley. En un clima de expectativa por los movimientos de la Casa Rosada y los gobernadores, el tratamiento parlamentario llevará tiempo y acecha el Presupuesto 2025, que ingresará al Congreso en menos de dos semanas.
En la cumbre del último viernes en Casa Rosada, Milei selló el apoyo del bloque PRO, conducido por Cristian Ritondo, y del MID de Oscar Zago, para bloquear la insistencia a la ley. Sin embargo, aunque se sumen otros espacios minoritarios aliados al oficialismo, La Libertad Avanza debe torcer voluntades en otros bloques o lograr que tengan ausencias si quiere impedir la mayoría necesaria para ratificar la norma. El escenario está abierto.
Los bloques dialoguistas que no fueron convocados a la Rosada comenzarán a dar la discusión puertas adentro este martes, aunque primero se abocarán a escuchar a especialistas. La UCR recibirá al politólogo Andrés Malamud, mientras que Encuentro Federal, al mando de Miguel Pichetto, escuchará al analista Eduardo Fidanza y la economista Marina Dal Pogetto. El miércoles, en tanto, desembarcará en el recinto de Diputados el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para brindar su primer informe de gestión.
En la oposición colaborativa ven como un error que Milei haya optado por el veto total (un mensaje “a todo o nada”) en lugar de un veto parcial, que abría la puerta a una negociación con el Congreso. Así lo manifestó el economista Ricardo López Murphy, que había votado en contra del proyecto en junio pasado pero, ante la nueva disyuntiva, no descarta hacerlo a favor.
“No nos queda otra que insistir”, coincidió, en ese sentido, la diputada del oficialismo cordobés Alejandra Torres, vicepresidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Torres había tenido sus reparos sobre el texto (considera que el artículo para cancelar deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas será inocuo), pero afirma que el Congreso debe ratificar el cálculo de movilidad y la recomposición del 8% por el ensamble entre fórmulas.
“Esos dos puntos son fundamentales para darle viabilidad y sostenibilidad al sistema previsional”, explicó la cordobesa a este medio, tras recordar que la Corte Suprema de Justicia estableció en distintos fallos que es el Congreso el que debe fijar la fórmula previsional y, si no se insiste en hacerlo por ley, habrá “un sinnúmero de juicios”. Para Torres, “el Gobierno no logra ponderar el tema judicial”.
El radicalismo, en tanto, viene de votar a favor por unanimidad (un dato saliente en un bloque cruzado por internas), pero ahora recaen sospechas sobre los diputados que puedan acarrear gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza) o Gustavo Valdés (Corrientes). “El que cambie, va a tener que dar explicaciones a su electorado de por qué lo hizo”, dijeron en el bloque que encabeza el cordobés Rodrigo De Loredo.
El Presupuesto 2025 se cuela en la discusión previsonal
El papel de los mandatarios provinciales será clave y es por eso que hay un ojo puesto en el Presupuesto 2025, que Milei tendrá que enviar al Congreso el próximo 15 de septiembre. En Encuentro Federal, un bloque donde influyen Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), creen que la “ley de leyes” puede ser el “principio de revelación” que los gobernadores necesitan para convencerse de revertir el veto.
“Que se solapen ambas cosas es una ventana de oportunidad para conseguir los dos tercios”, consideró una fuente de ese espacio, que se muestra pesimista respecto del proyecto que enviará el Poder Ejecutivo en materia de fondos para las provincias.
En cambio, en Unión por la Patria hay quienes creen que esperar al Presupuesto es la misma “maniobra dilatoria” que ya se aplicó con los subsidios al transporte. “El acuerdo entre Martín Menem y una parte de la oposición dialoguista, en cabeza de Rodrigo De Loredo, ha estirado como un chicle la definición sobre los subsidios al transporte del interior del país, con el objetivo de llegar a la discusión del Presupuesto y hacer tabula rasa”, advirtió el santafesino Eduardo Toniolli, que integra la Comisión de Transporte.
Unión por la Patria, el bloque que puede aportar mayor cantidad de votos para los dos tercios, ratificó su rechazo al veto en redes sociales. También lo hizo el titular de la UCR, Martín Lousteau. “El Gobierno les está negando a los jubilados un aumento de la mínima equivalente a tres kilos de carne picada al mes, o tres cajas de Ibuprofeno al mes, o cuatro kilos de yerba al mes”, graficó el senador.
Desde Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión, también defendió la ley y remarcó que hay alternativas de financiamiento. “Se pueden eliminar exenciones impositivas que ya no se justifican, reordenar los regímenes especiales o evitar gastos reservados enormes sin saber su destino. Esto requiere un trabajo profundo y una voluntad política que hasta el momento el Gobierno no ha demostrado”, observó.
Otra voz a favor de la ley fue la de Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal. “Estamos ante un nuevo error del presidente, de no tomar caminos alternativos y no dialogar en un tema tan delicado como es cuánto ganan los jubilados”, dijo, y agregó: “El Congreso planteó la prioridad de los jubilados, mientras el Gobierno prefirió que la prioridad fueran los espías o los viajes al exterior para recibir premios por cuestiones personales”.
En la vereda de enfrente, el diputado Zago (exjefe del bloque libertario y ahora a cargo del bloque MID, aliado al oficialismo) confirmó que ayudará a bloquear los dos tercios. “Tenemos que dar soluciones definitivas al futuro. Con parches sabemos que no vamos a ningún lado”, dijo a CNN Radio.
