En una declaración que echó más leña al fuego cruzado en la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi, quien hasta la semana pasada se desempeñó como administrador de la Corte Suprema de Justicia, denunció que recibe amenazas por parte de Silvio Robles, la mano derecha del presidente del tribunal, Horacio Rosatti.
Citado como testigo a la Comisión de Juicio Político de Diputados, Marchi declaró que su traslado a una nueva dependencia (votado por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda) fue una “sanción encubierta” y denunció un “seguimiento” hacia él y “amenazas” contra colaboradores suyos.
La diputada oficialista Mara Brawer quiso más detalles y le preguntó si fue Robles el autor de esas amenazas. “Por supuesto”, contestó Marchi, y ahondó: “Las operaciones de prensa... ha amenazado a funcionarios que ‘van a terminar en Siberia’ si hablan conmigo… hay seguimiento, sabe dónde yo me junto con alguien”.
“La amenaza del traslado ya se cumplió. La otra amenaza es la cesantía. No me interesa: que me cesanteen”, desafió el testigo, y luego relató que “lo que ha sucedido esta semana en el cuarto piso de la Corte es una barbaridad: se han puesto trancas en las puertas, se han puesto policías que vigilaban”.
Marchi también reveló que Robles “escondió” uno de los cuatro informes de auditoría elaborados sobre la obra social del Poder Judicial, que “nadie quería recibir”. Según su relato, el asesor que aparece en los chats con el ministro porteño Marcelo D’Alessandro transmitía indicaciones de Rosatti y hasta borró el mail del juez, pidiendo que los mensajes fueran enviados a su correo personal.
“Yo no sé si el doctor Rosatti lo sabe, pero debiera tomar una decisión. Esto es una vergüenza, porque la Corte hoy no puede tener este grado de informalidad. Esto va a terminar como la obra social, ese es el final de todo”, disparó Marchi.
La denuncia desató un fuerte debate entre los diputados sobre cómo proceder. Finalmente, la titular de la comisión, Carolina Gaillard, anunció que notificarán de la situación a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, para que adopte las medidas que correspondan. El kirchnerista Rodolfo Tailhade fue más allá y propuso realizar una “inspección ocular” en el cuarto piso de la Corte, pero la idea no prosperó.
La comisión pasó a un cuarto intermedio y Marchi asistirá nuevamente a la comisión el próximo jueves 4 de mayo, para ser interrogado sobre los últimos documentos que la Corte envió a la comisión. Son cuatro informes y casi 20.000 fojas más.
Contra Maqueda
Marchi, que llegó a la Corte en 2003 de la mano de Lorenzetti, se desligó de responsabilidad sobre la obra social y apuntó al juez Maqueda. “Maqueda quedó a cargo de la obra social. Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió Maqueda y nunca hubo concurso”, leyó Marchi en un escrito antes de ser interrogado.
Según el exadministrador, “Maqueda no solo supervisaba, sino que estaba al tanto de todos los actos que se realizaban. Nada se hacía sin la autorización de Maqueda”.
Cabe recordar que Maqueda, a pesar de no contar con nombramiento formal, reconoció que ejerció el control de la obra social en un mail donde notificó su renuncia y admitió actos corruptos. El juez dio un paso al costado en agosto de 2021, un mes antes de que la Corte ordenara una auditoría.
“Cuando yo ingresé, la obra social estaba fundida. La Secretaría General de Administración se hizo cargo del pago de los sueldos de los empleados e instrumentó una política de salarios altos”, destacó Marchi en su defensa.
También declararon este martes el prosecretario letrado de la Corte Enrique De Vedia y el contador Gustavo Montanini, miembro del Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quienes detallaron distintos desmanejos en la obra social, como la falta de presupuestos.
Nota de la Corte
Una nota enviada por tres de los cuatro jueces de la Corte a la comisión volvió a sacar a la luz la feroz interna que atraviesa el máximo tribunal.
Ante un pedido de la comisión, la Corte (con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda) envió toda la información requerida sobre la obra social, y la acompañó con una nota donde apuntan a la responsabilidad de Lorenzetti, que presidió la Corte entre 2007 y 2018.
Según Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, hasta 2018 “las atribuciones de superintendencia (…) fueron ejercidas indefectiblemente con la firma del presidente del tribunal”, es decir Lorenzetti, y después de ese año se pasó a requerir una mayoría de tres firmas.
En ese período, señalaron los jueces, Lorenzetti “dictó resoluciones que comprendieron aspectos tan variados y heterogéneos como la contratación del doctor (Aldo) Tonón para desempeñarse en la obra social” y la contratación de la empresa Emergencia Médica Integral en 2007 y 2009, un hecho que actualmente es investigado por la Justicia.
Sin embargo, el oficialismo sospecha que antes de 2018 esas facultades fueron ejercidas arbitrariamente y en algunos casos intervenían todos los jueces, no solo Lorenzetti. Según planteó la kirchnerista Vanesa Siley, la designación del primer directorio de la obra social, en 2008, fue firmada por la Corte en pleno, lo mismo que una resolución de 2013 que pasó a gran parte del personal a planta permanente.
