Cuando transcurría más de una hora y media del discurso presidencial, la Asamblea Legislativa se convulsionó al introducir Alberto Fernández “el capítulo judicial”.
Primero aludió a la controversia judicial por fondos federales que mantiene el Estado Nacional con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se refirió a “las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de rincones de la Patria”. Dijo que su gobierno no quiere “perpetuar tanta injusticia”.
Alberto Fernández apuntó a las “política que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechaza genera en el interior de la Patria”.
Fue entonces que el diputado del distrito porteño, Fernando Iglesias, empezó a insultar al Presidente Fernández. “Tengo el honor de que me insulte, diputado Iglesias”, respondió el Presidente interrumpiendo su discurso.
Fernández dio una explicación sobre la puja que el Estado nacional y el distrito porteño mantienen en la Corte Suprema. “Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio”, dijo, para afirmar en medio de los gritos de los legisladores opositores: “(CABA) No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república”. El senador porteño Martín Lousteau, de Evolución Radical, se retiró del recinto en protesta por las imputaciones presidenciales.
Alberto Fernández le apuntó entonces al Poder Judicial: “La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible” y “pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas”.
Los gritos cruzados entre oficialistas y opositores aumentaron cuando Fernández dijo haber puesto fin “a los sótanos de la democracia” y apuntó, sin nombrar, al gobierno de Cambiemos: “El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe”, comparó.
También aludió a las filtraciones de chats, que revelan contactos entre funcionarios porteños y funcionarios judiciales. “Recientemente tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos”, leyó Fernández.
Otro párrafo crítico fue la mención a las medidas cautelares que, ejemplificó, “impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo”.
Sentados a menos de dos metros, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su presidente Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, escucharon a Fernández criticar a la “Corte Suprema (que) se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura”.
“¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?”, se preguntó el Presidente.
Recordó que impulsó, sin éxito, una reforma la Justicia Federal. “Si hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”, afirmó.
Fue entonces que introdujo uno de los puntos que más divide al oficialismo y a la oposición. “Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político”. Negó que la acusación sea “violatorio de la República o del Estado de derecho” e invitó a “leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”.
“No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia”, se defendió.
“Yo cumplí con mi parte. Reclamo en defensa del Estado de Derecho. No me aparto un solo centímetro del estricto respeto a la Constitución Nacional. No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución”, insistió.
El discurso volvió a endurecerse y a crispar los ánimos opositores cuando le apuntó, sin nombrar, a Juntos por el Cambio: “Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban Mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no. Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero”, sostuvo.
Fernández dijo que no son los funcionarios de su gobierno “los que se pro fugan de la Justicia alegando persecuciones”, en alusión a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien viene eludiendo los llamados judiciales y se estableció en Uruguay.
“Todos merecemos el resguardo de las garantías”, afirmó Fernández. Dijo entonces que “hace años” viene denunciando “la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición”. Hizo foco en la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. No utilizó la palabra “proscripción” como le viene reclamando el kirchnerismo, y prefirió criticar la “inhabilitación política” a la que, entiende, está sometida la vicepresidenta.
“Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, dijo Fernández.
