Carolina Ramos
Tras un cierre de año satisfactorio con la sanción del Presupuesto, el Gobierno eligió abrir el 2026 en guerra con el Congreso: aprovechó el primer día de receso parlamentario para dictar un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que reforma de raíz el sistema de Inteligencia y permite, entre otras cosas, la detención de personas ante hechos de flagrancia. La oposición encendió alarmas y ya se mueve para voltear la medida, mientras que el PRO y la UCR demoran una definición.
El decreto, que lleva el número 941/25 y tiene 41 artículos, fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y amplía las facultades de la SIDE (Secretaría de Inteligencia), además de modificar y reordenar las dependencias a su cargo. “Reforma de segunda generación”, es como el Gobierno caratula un DNU que ya levantó una fuerte polémica.
Entre los puntos más preocupantes, en su artículo primero dispone que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto”, algo que en la oposición califican como ambiguo y opaco. Además, el personal de inteligencia podrá aprehender personas, lo que podría convertirlo, según denuncian, en una “policía secreta”.
También permite que la SIDE disponga de personal militar y de fuerzas de seguridad para cumplir tareas de inteligencia, sin precisiones sobre cantidad de efectivos y temporalidad. Asimismo, los responsables de todo el Sector Público Nacional estarán obligados a aplicar “medidas de seguridad de contrainteligencia”, con lo cual, advierten, prácticamente todo el Estado queda sometido a una “lógica peligrosa y perversa”.
Algunos de los cambios de organigrama son: la Agencia de Seguridad Nacional pasa a ser la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); se crea un Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) que funcionará como ente descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete; y se reemplaza la DNIEM (Dirección de Inteligencia Militar) por la DGIEMCO, que es el área de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.
El DNU, en manos de la oposición
El DNU rige desde este viernes y seguirá en vigencia mientras el Congreso no lo rechace. A partir de ahora, comenzaron a correr los plazos legales: Jefatura de Gabinete tiene 10 días hábiles para enviar el DNU al Congreso, y desde ese momento la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (la única que funciona durante el receso) tiene otros 10 días para dictaminar sobre la validez o no del decreto. Si no lo hace, diputados o senadores podrán tratarlo de oficio en los recintos. Para anularlo, necesitan el voto negativo de ambas Cámaras.
Diputados de Unión por la Patria, el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda, así como Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), ya salieron a manifestarse en contra: exigen que la reforma salga por ley y rechazar el DNU. Para eso suman, juntos, 120 diputados: están a solo 9 de rechazar el DNU en la Cámara Baja, un número que no es imposible de conseguir.
El PRO y la UCR demoran una definición. El bloque de diputados que responde a Mauricio Macri emitió un comunicado donde anunció que un “equipo especializado” está analizando el decreto. Agregaron que la Ley de Inteligencia ya se modificó por DNU en el pasado y señalaron que esperarán los “protocolos” que dicte el Poder Ejecutivo para sentar una postura.
“Consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”, indicaron los legisladores dirigidos por Cristian Ritondo.
Por el contrario, en la oposición fueron tajantes. El diputado Agustín Rossi, que fue interventor de la ex Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Alberto Fernández, denunció que la reforma “transforma a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’, habilitando a que aprehendan personas sin orden judicial”, por lo cual “la SIDE se convertirá en una fuerza parapolicial”.
🚨SOBRE EL DNU DE INTELIGENCIA. Nada bueno sale de ahí para los ciudadanos argentinos. Peor aun: es gravísimo.
— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) January 1, 2026
Después de haber leído y analizado las 19 páginas del DNU 941/2025 que circula con las firmas de Milei y sus Ministros, les comparto algunos de los ejes más… pic.twitter.com/OnKDCCVxL8
Además, el kirchnerista alertó sobre la ambigüedad del término “carácter encubierto” vinculado a todas las actividades de Inteligencia. También señaló que la SIDE podrá requerir colaboración sin límites a las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Por su parte, De la Sota sentenció que “es un exabrupto legal que debe ser eliminado por el Congreso”. “Arrasa las libertades individuales y crea un Estado persecutorio con dispositivos de contrainteligencia en universidades nacionales, en instituciones de la seguridad social y hasta en hospitales públicos”, lamentó.
El DNU 941/2025 modifica sin debate legislativo la Ley de Inteligencia Nacional, atenta contra libertades individuales y es de dudosa legalidad. Las leyes no se modifican a escondidas y sin discusión pública. Defendamos Córdoba rechaza ese DNU y exige tratamiento en el Congreso.
— Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) January 2, 2026
El interbloque Unidos (integrado por Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica) se expresó en sintonía. “No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso”, consideraron, y reclamaron que “cualquier reforma al sistema de Inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad”.
Tanto Unidos como Unión por la Patria exigieron por nota al presidente de Diputados, Martín Menem, y a la titular del Senado, Victoria Villarruel, que se constituyan “de inmediato” las dos bicamerales que deben intervenir.
Por un lado, la de Trámite Legislativo, que es la que controla la validez de los DNU. Hasta el 10 de diciembre, esa comisión estuvo presidida por el diputado Oscar Zago (MID), aliado del oficialismo. La otra bicameral en mora es la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que estaba en manos del exsenador y ahora diputado radical Martín Lousteau.
“El decreto introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener ‘carácter encubierto’, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario”, señaló el interbloque Unidos.
COMUNICADO DEL INTERBLOQUE DE DIPUTADOS UNIDOS SOBRE DNU LEY DE INTELIGENCIA pic.twitter.com/sBJSOIMzhu
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 2, 2026
También criticaron que “extiende la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles. Y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de Inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”.
Desde el Senado, la schiarettista Alejandra Vigo también sentenció que “un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación. Ese es el escenario en el que debe tratarse y no ser impulsado a través de un DNU”.
El de Inteligencia ya demostró ser un tema sensible en el Congreso: en 2024, la oposición volteó el decreto de Javier Milei que incrementaba a $100.000 millones el presupuesto reservado de la SIDE. Fue el primer DNU anulado en la historia.
La defensa de la SIDE
En un comunicado, la SIDE defendió la reforma: “Los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial, a partir del liderazgo del presidente Javier Milei, requieren que la Nación cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”.
“El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”, explicó el organismo, a la vez que destacó que se “impulsa un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura”.
— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) January 2, 2026