En medio del enfrentamiento interno entre el expresidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la posibilidad de una fusión con La Libertad Avanza, el PRO encontró una causa común para apuntar los cañones hacia afuera: el incumplimiento del Gobierno nacional sobre la cautelar de la Corte Suprema de Justicia que en 2020 ordenó girar a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables por el traspaso de la Policía.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunirá el próximo 19 de julio con el ministro de Economía, Luis Caputo, para intentar destrabar el conflicto. “Es imprescindible que el pago comience. Están dadas las condiciones. No tiene que haber ningún cambio porque la orden de la Corte ya fue dada y el Gobierno está incumpliendo. Necesitamos que empiecen a pagar día a día”, aseguró el alcalde de la Ciudad en diálogo con TN.
Hasta que los fondos no aparezcan (al menos, por “goteo”), en el bloque de diputados que encabeza Cristian Ritondo endurecen su postura y amenazan con retacear apoyo a las próximas leyes que envíe el Poder Ejecutivo. “Ese tema nos traba mucho el funcionamiento en la Cámara. Es un condicionante”, advirtió una fuente de la bancada amarilla.
La semana pasada, Ritondo presentó un proyecto de resolución para que la Nación cumpla el fallo de la Corte. Lo acompañaron María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Silvia Lospennato, Martín Yeza (flamante presidente de la Asamblea del PRO), Luciano Laspina y una “bullrichista”, Silvana Giudici, entre otros.
En el bloque calculan que la Nación le debe a la Ciudad unos “4.000 millones de dólares”. Para colmo, la migración de la deuda del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional tiene impacto directo en las cuentas de la Ciudad y de algunas provincias que habían aplicado el impuesto a los Ingresos Brutos a esas operaciones.
Hasta ahora, el PRO se ubicó bajo el rótulo del “acompañamiento responsable”. La definición que circula en la bancada, más coloquial, es que son “los adultos de la sala” de un Gobierno que aún no muestra capacidad de gestión, y por eso votaron con La Libertad Avanza a favor de la Ley Bases, forzando cambios pero sin condicionar en ningún momento su apoyo.
No obstante, con ese debate ya superado, la relación parece tensarse y se desinfló la idea de conformar un interbloque con el oficialismo, como manera de formalizar una alianza que hasta ahora se dio en los hechos. “Un interbloque es la culminación de un proceso político, no el comienzo”, razonó un experimentado legislador que quiere empezar a marcar distancia del Gobierno.
En ese marco, cerca de Ritondo adelantan que están en contra de eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y atribuyen la idea a un clásico de los oficialismos, ya que es en la oposición donde más se aprovecha esta instancia para dirimir candidaturas. También rechazarán que se recorte el financiamiento público a los partidos políticos, como propondrá el Ejecutivo en su reforma electoral.
Por el contrario, el PRO sí se encamina a acompañar la baja de edad de imputabilidad propuesta por Bullrich. Ritondo y Santilli tienen proyectos presentados para llevar la edad a 14 y 15 años, respectivamente. Sin embargo, en el entorno del jefe del bloque no quieren apurar el respaldo. “Hasta que no haya acuerdo por la coparticipación de CABA, vamos a evitar cualquier cosa de este tipo”, dicen.
Quienes miran desde afuera la pelea creen que ese posicionamiento no tiende más que a reforzar el “porteñocentrismo” del PRO mientras Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, no recibe fondos de Nación para financiar el déficit de su caja jubilatoria. El gobernador reforzó el reclamo a fines del mes pasado junto a sus pares de la Región Centro, Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Ficha limpia
Mientras se reacomoda, el PRO busca marcar la cancha en el Congreso con proyectos propios. Entre los principales, impulsa uno del exministro Alejandro Finocchiaro para declarar a la educación como “servicio estratégico esencial” y de esa manera garantizar que las escuelas estén abiertas y garanticen guardias mínimas durante los días de paro docente. Esa iniciativa ya tiene dictamen de comisión pero el oficialismo, llamativamente, no la incluyó en el temario de la sesión que se celebrará el 7 de agosto, la primera tras el receso invernal.
La segunda “bandera” que quiere levantar el PRO es la de la “ficha limpia”, una vieja propuesta encabezada por Ritondo y Lospennato para que los acusados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos públicos. El bloque logró que el oficialismo convoque a una primera reunión informativa sobre el tema en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, el próximo 6 de agosto.
El jueves pasado, en una reunión de bloque, los diputados intercambiaron posturas sobre qué grado de culpabilidad será necesario para impedir la participación electoral. Cabe recordar que en 2017 y 2019 se dictaminaron proyectos de “ficha limpia” en comisiones: en la primera oportunidad no tuvo tratamiento en el recinto y en la segunda fracasó la convocatoria por falta de quórum. Hubo un tercer intento de Lospennato para tratar el tema sobre tablas en 2021, pero no obtuvo los votos.
