Roberto Pico
Ocho de los diez puntos del Acta de Mayo firmada en Tucumán tienen vinculación directa con la vida económica diaria de los argentinos, pero ninguno de ellos impactará en el corto plazo debido a que la mayoría requiere de modificación de leyes que deberán discutirse en el Congreso nacional, con las trabas que eso significa ante la actual composición de fuerzas parlamentarias.
De allí que nada cambiará en la cotidianeidad nacional y el listado resulta una referencia para una agenda política de concreción a muy largo plazo.
De los dos puntos restantes, uno de ellos también marginalmente tiene implicancias económicas y es precisamente el primero que subraya la “inviolabilidad de la propiedad privada”. Si bien para la actual organización política, económica y cultural del país este postulado suena a una obviedad, el hecho de que encabece la lista resulta una suerte de marca a fuego del identitario libertario.
El segundo aspecto sin vinculación económica directa es el cuarto donde se promueve una “educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”.
El compromiso suscripto también tiene como base “el equilibrio fiscal” innegociable, que compromete tanto a la Nación como a las provincias a no incurrir en mayores gastos que ingresos. Este objetivo puede alcanzarse mediante leyes nacionales, provinciales, o municipales o simples decisiones ejecutivas, pero su enunciado en si mismo deja abierto el debate.
Entre algunos de las observaciones recibidas se plantea “en qué plazo” se reclama equilibrio fiscal y se da como ejemplo el año de la sequía. Hay visiones acerca de que en un año con alteraciones por diferentes circunstancias se puede incurrir en un desfasaje para recuperar el equilibrio en el ejercicio siguiente o en los plazos que sean apropiados.
El punto 3 del pacto promueve reducir el gasto público al 25% del PIB. Actualmente es del orden de 37%, lo cual impone una reducción de al menos 12 puntos. En la falta de certeza de dónde efectuar los recortes y de cómo se ejecutarían está la principal debilidad de esta iniciativa.
El punto 5 propone una reforma tributaria y es uno de los apuntados por el Gobierno para el mediano plazo. El presidente Javier Milei ya anunció que este año enviará al Congreso nacional un proyecto de ley con el objetivo de simplificarlo y ampliar la base de contribuyentes, pero con una menor presión fiscal. Objetivo ambicioso de difícil consenso.
El sexto capítulo resulta de los más controversiales y una vieja deuda del sistema político: una nueva coparticipación de impuestos. Este año se celebrarán 30 años de la Reforma Constitucional de 1994 que entre sus puntos más relevantes obligaba la sanción de una nueva ley de reparto de ingresos entre la Nación y las provincias. El choque de intereses es demasiado fuerte y en principio no estarían dadas las condiciones para que se alcance un acuerdo que redistribuya el dinero proveniente de impuestos nacionales.
El séptimo punto busca comprometer a las provincias en la explotación de sus recursos naturales. En particular este objetivo está en cabeza de las provincias que son las dueñas de los recursos, pero con impacto en la Nación dado que cualquier proyecto de inversión significa la posibilidad de recursos adicionales.
El octavo punto impulsa una reforma laboral, que ya tiene un puntapié tenue en la “ley Bases”. Pero el Gobierno pretende avanzar mucho más allá como por ejemplo la obligatoriedad de los aportes sindicales o la negociación por empresas que tuvieron que ser quitados para lograr consensos.
El punto nueve es sobre el que Milei tuvo que hacer mayores concesiones para lograr la firma de los gobernadores y promueve una reforma del sistema previsional. Allí el Ejecutivo tuvo que quitar el compromiso de restituir la jubilación privada.
Finalmente se pretende el compromiso de una apertura comercial amplia, lo cual genera rechazo de amplios sectores industriales que ven a la competencia externa como una amenaza a la producción nacional.
Apoyo empresario
El Grupo de los 6 (G6), integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), respaldó la firma del acuerdo.
“El G6 hace tiempo que promueve y reclama una base de acuerdos básicos que permitan el desarrollo de nuestro país y el bienestar de su pueblo”, afirmó el grupo en un comunicado.
En esa línea destacó que “permitirá que la Argentina tenga un rumbo claro sobre las políticas económicas y sociales que debe seguir y afrontar en los próximos años para los cual es clave potenciar la producción y el trabajo con una integración inteligente al mundo”.
“Las políticas de Estado deben estar firmadas y claras, como lo expresa el Pacto de Mayo, y deben ser respetadas para generar un marco de confianza en nuestro país”, remarcaron.