Con 409 páginas de fundamentos, que incluyen nuevas denuncias y un pedido de más de 40 testimonios, el Frente de Todos presentó formalmente el pedido de juicio político para destituir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño, y se prepara para ir a fondo en la comisión.
El proyecto, que comenzará a tratarse a partir del 23 de enero, reunió 15 firmas y el elegido del bloque para liderar la acusación contra los jueces fue el “frentetodista” Eduardo Valdés, un hombre que suele tender puentes entre el presidente Alberto Fernández y la vice, Cristina Kirchner.
La elección de Valdés (en lugar de otros kirchneristas de lengua filosa) fue un gesto de mesura del Frente de Todos de cara al debate. Pero no fue el único: a la hora de las firmas, se decidió que adhirieran diputados que no integran la Comisión de Juicio Político, en un intento de “blindar” la acusación.
Entre los firmantes (casi todos, de bajo perfil) figuran representantes de Buenos Aires, Tucumán, Formosa, Chaco, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego, provincias cuyos gobernadores acompañaron al juicio político. Pero también hay diputados alineados al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que no apoyó.
Valdés inició este viernes una ronda mediática que continuará en los próximos días, con el fin de instalar la discusión pública sobre el accionar de los cortesanos Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El legislador está convencido de que “una vez que empiece el juicio político, las pruebas y la publicidad de los hechos van a ir generando un clima” similar al que se dio en los inicios del gobierno de Néstor Kirchner con la Corte menemista.
“En el año 2004, cuando se le realizó juicio político a la Corte de Julio Nazareno, Néstor solo tenía el 22% de los votos, pero con el devenir de las audiencias la gente se fue dando cuenta de que las pruebas eran demasiado contundentes y se destituyó a dos ministros de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano.”, recordó.
La acusación
“El mal desempeño de un juez de la Corte significa un contraejemplo del Derecho, una desidia de la razón sin límites, que exige la determinación de su responsabilidad política y el correspondiente saneamiento del panorama y funcionamiento del orden elegido por la Constitución”, explican los diputados en el proyecto.
La acusación contra la Corte está basada en cinco pilares. Los dos principales son el fallo que obligó a pagarle el 2,95% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y el que restituyó la vieja ley del Consejo de la Magistratura. En ambos casos, denuncian que el máximo tribunal se arrogó facultades legislativas.
También se apunta contra Rosatti y Rosenkrantz por haber firmado en 2017 (junto a la exjueza Elena Highton) el “fallo Muiña”, por el cual se decidió que en las causas por crímenes de lesa humanidad era aplicable la ley conocida como “2 por 1″, según la cual, pasados los primeros dos años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles los días de detención.
Otro eje de la acusación es una denuncia por “incumplimientos” y “desmanejos” detectados en una auditoría de la obra social del Poder Judicial de la Nación que se conoció a mediados de 2022.
Esta denuncia también motivó la presentación de un segundo pedido de juicio político, encabezado por dos diputados sindicales, el cordobés Pablo Carro (CTA) y la bonaerense María Rosa Martínez (Gráficos). Los oficialistas acusan a los jueces no solo de mal desempeño, sino también de eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.
Por último, se mencionan declaraciones de Rosatti formuladas en septiembre de 2022 en un foro judicial, donde sostuvo que “toda reforma del Poder Judicial de la Nación deberá contar, necesariamente, con la aquiescencia de ese Poder del Gobierno Federal”. Para el oficialismo, estos dichos “buscan condicionar la actuación del Poder Legislativo”.
Pedidos de citación
Tal como había adelantado, el oficialismo pidió que los cuatro acusados comparezcan ante la comisión para “ejercer su derecho de defensa”, aunque los magistrados podrán optar por asistir o no. Pero además, se pidió sumar más de 35 testimonios, entre personas y entidades.
A la cabeza de las citaciones figuran los dos protagonistas de los chats que tomaron estado público: el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro (en uso de licencia) y Silvio Robles, colaborador de Rosatti. De hecho, esas conversaciones (que revelan un presunto vínculo entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad) forman parte del cuerpo del juicio político.
También piden convocar a los gobernadores que firmaron el proyecto; al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; al procurador del Tesoro, Carlos Zannini; al exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; organismos de esa temática, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; numerosos funcionarios y empleados de la Corte; y juristas.
