Luego de que este miércoles, Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, recibiera a dirigentes del movimiento piquetero, el Gobierno anunció que le quitará el control de 180.000 planes a las organizaciones sociales y los traspasará a las provincias y los municipios. Los programas en cuestión están incluidos en el Potenciar Trabajo, y equivale a un 15% del total de 1,2 millones de beneficiarios.
Esta decisión fue tomada luego de que, mediante auditorías, se revelaran irregularidades dentro de las organizaciones sociales que ofician de intermediarias entre el Estado y el beneficiario. Además, se dio poco después de que se hiciera público que el Polo Obrero le cobra un 2% del ingreso que percibe cada uno de los beneficiarios que reporta a esa organización: alrededor de unos 390 pesos a 60.000 personas, que daría un total mensual de 23,4 millones de pesos para la mencionada organización.
El Polo Obrero es uno de los que más planes sociales recibe, al igual que Barrios de Pie, que cuenta con otros 60.000 beneficios. Los líderes de ambos grupos piqueteros son Eduardo Belliboni y Silvia Saravia, respectivamente, y también lo son de todo el frente Unidad Piquetera.
Ambos encabezan cada semana los reclamos a la gestión de Alberto Fernández y estuvieron presentes en la reunión en Desarrollo Social, que terminó con cuarto intermedio pero que tuvo discusiones que llegaron a los gritos cruzados entre organizaciones y funcionarios ejecutivos, liderados por el ministro Zabaleta y el secretario Gustavo Aguilera. De hecho, cuando se habló de las auditorías, desde las organizaciones cuestionaron que “vienen a empiojar la reunión y el reclamo”.
Qué planes se traspasarán y por qué
En enero pasado, se decidió que cada beneficiario elija la unidad ejecutora donde cobra el Potenciar Trabajo. Y desde entonces Zabaleta les negó el aumento de los cupos del plan. Esta negativa fue repetida al menos tres veces en la reunión, sin embargo, aceptó dialogar sobre la entrega de mayor asistencia alimentaria y de herramientas de trabajo.
El jueves próximo, ambas partes volverán a reunirse sin que se convoque a una protesta. Pero la expectativa de un acercamiento, sobre todo en un contexto de quita de planes, es prácticamente nula: ya desde el Gobierno ratificaron el rechazo a la asignación de nuevos planes.
Dentro de los 177.000 beneficiarios que empezarán a percibir el Potenciar Trabajo desde los municipios o las gobernaciones figuran aquellos que pidieron el cambio de Unidad Ejecutora, precisamente, por tener que pagar un porcentaje a intermediarios.
El Potenciar Trabajo es un programa que representa un presupuesto de 227.100 millones de pesos anuales, que controla el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, secretario de Economía Social. Precisamente el Evita es la organización que más planes administra, entre 100.000 y 150.000, aunque a diferencia del Polo Obrero no recibió denuncias de cobrar un aporte a sus beneficiarios. Otros 60.000 cupos, además, los controla Somos Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, también alineado con el Evita dentro del albertismo.
La interna alrededor de los planes sociales
El Movimiento Evita fue apuntado por Cristina Kirchner el lunes pasado, durante su presencia en Avellaneda. “Si Evita viviera...”, dijo la vicepresidenta en su duro discurso, con críticas a la mencionada organización, liderada por Pérsico y Fernando “el Chino” Navarro, por la manera en que coordinan la entregan los planes sociales.
“No entiende la pobreza”, dijo Pérsico de la vicepresidenta en una entrevista radial. En el seno del kirchnerismo se viene impulsando un proyecto que pergeñó el dirigente social Juan Grabois y que promueve la creación de un Salario Básico Universal, de unos $ 13.500, es decir un tercio del valor actual del Salario Mínimo Vital y Móvil, que pasarían a cobrar siete millones de personas.
Sólo en 2022, el Potenciar Trabajo le demandó al Estado casi $ 150.000 millones, el 70% de los $ 227.100 millones que tiene estipulados para todo el año. Los recursos no alcanzarán, por lo que en el añadido del presupuesto que acaba de confirmar el ministro de Economía Martín Guzmán se incluirán alrededor de $ 32.000 millones extra para ese programa. La misma cifra, aproximadamente, irá para la Tarjeta Alimentar, la otra partida clave del ministerio, que depende de La Cámpora y administra la secretaria de Inclusión Social Laura Valeria Alonso.
