Tras intensas negociaciones previas y un fuerte debate en el recinto, el Frente de Todos consiguió aprobar en la Cámara de Diputados, con 111 votos afirmativos, 96 negativos y cinco abstenciones, un proyecto del Poder Ejecutivo para perseguir y castigar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El interbloque Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa, pero terminó facilitando la aprobación a través de la ausencia de 29 de sus diputados. También votaron en contra el Interbloque Federal y el Frente de Izquierda, mientras que el libertario Javier Milei estuvo ausente.
En medio de la vorágine pre-electoral, Juntos por el Cambio encontró en las ausencias la llave para mantener la unidad. Es que el PRO había acompañado en soledad el dictamen del Frente de Todos (con disidencias), diferenciándose de la UCR, la Coalición Cívica y Evolución Radical, que tenían una propuesta propia.
Esa división generó incertidumbre en la previa del debate, con fuertes denuncias por parte de Germán Martínez. El jefe del bloque oficialista había negociado más de 25 modificaciones con el enviado del PRO, Pablo Tonelli, pero los restantes bloques no quedaron conformes y el macrista quedó en “off side”, a tal punto que se ausentó en la votación.
Otro dato relevante de la votación fue la abstención de los tres diputados oficialistas del Frente Patria Grande (referenciado en Juan Grabois), que no quisieron avalar lo que consideraron un acto de “colonialismo”.
Revisión del GAFI
El proyecto aprobado apunta a adecuar la normativa nacional a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental que en el mes de septiembre someterá a la Argentina a una revisión técnica.
El GAFI hizo un total de 40 recomendaciones que no son vinculantes, pero exigen a los países miembro (Argentina lo es desde el año 2000) que respondan en función de esos parámetros. Es que la última reforma sustancial de la ley contra el lavado de activos se realizó en 2011.
“Si Argentina no tiene una calificación favorable y no adapta su normativa, va a traer consecuencias muy importantes, porque esto tiene que ver con estar o no en el concierto de las naciones con una reglamentación acorde, que podamos tener acceso a los organismos de crédito internacional y a un sinnúmero de actividades que Argentina necesita”, explicó la diputada oficialista Mónica Litza.
Por este tema, Argentina integró la “lista gris” del GAFI entre 2009 y 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y según la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, muy cercana a Elisa Carrió, “probablemente volvamos a caer” en ese status por el manejo que le dio esta gestión.
“Esta ley la necesita Sergio Massa, que está negociando con el FMI. Entonces tiene que salir algo que sirva para mostrarle al FMI, no importa qué”, denunció Frade. Martínez salió a desmentirla: “A mí nunca me llamó el ministro de Economía para pedirme que acelere el tratamiento de esta ley. Nunca me insinuaron nada respecto a que el FMI quiera o no quiera determinada ley”.
El debate sobre la UIF
Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal exigieron garantizar la autonomía y la independencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) y modificar el método de designación de sus autoridades, que son nombradas por el Ministerio de Economía de manera discrecional.
Según advirtieron varios diputados, el GAFI exige, en su recomendación número 29, que no existan “influencias o interferencias políticas, gubernamentales o industriales” en la UIF. “Tenemos que terminar con esta historia de que la UIF sea el brazo armado del gobierno de turno”, graficó Graciela Camaño.
La propuesta alternativa de la diputada del Interbloque Federal junto a la UCR, Evolución Radical y la Coalición Cívica consistía en que el presidente y el vice de la UIF sean seleccionados mediante concurso público por una comisión “ad hoc”, integrada por representantes por fuera de la política.
Al cerrar el debate, Martínez rechazó esa postura: “Somos personas políticas en un cuerpo político. ¿Por qué tenemos tanta vergüenza de asumirnos como tales y querer que sean otros poderes los que tomen las definiciones? Yo no quiero que sean los grandes bancos privados, ni la Corte Suprema, ni el Consejo de la Magistratura ni el Ministerio Público Fiscal”.
Otra de las observaciones, encabezada por Tonelli, fue que el proyecto no refiere a que la UIF pueda querellar en causas penales. Aunque, según advirtió Martínez, “hoy la UIF participa como querellante en 220 causas”, es decir, “en una de cada siete causas de lavado que hay en Argentina”, gracias a un decreto del año 2008.
Otros cambios
El proyecto aprobado introduce numerosas modificaciones al régimen vigente. Entre ellas, obliga a todas las sociedades que realicen actividades en el país, o posean bienes y activos en él, a informar quiénes son sus beneficiarios finales, los cuales formarán parte de un registro público.
Además, se aumentan los montos de las multas que aplica la UIF y se establece que la Comisión Nacional de Valores (CNV) se encargará del registro, regulación y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (criptomonedas).
El Congreso tendrá un rol de control de todo el sistema a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
