Carolina Ramos
Un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para reforzar la persecución del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo corre riesgo de fracasar este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos perdió apoyo opositor.
La iniciativa será tratada en el recinto y apunta a adecuar la normativa nacional a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año someterá a la Argentina a una revisión.
El Frente de Todos esperaba contar con respaldo de Juntos por el Cambio, pero el interbloque opositor se dividió al momento de firmar los dictámenes este martes en las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal.
Solo el PRO, cuya voz cantante fue Pablo Tonelli, acompañó al oficialismo (pero con disidencias), mientras que la UCR, Evolución Radical y la Coalición Cívica firmaron un dictamen alternativo y sumaron a Graciela Camaño (Interbloque Federal).
Ese escenario abrió incertidumbre de cara a la votación en el recinto, donde el bloque conducido por Germán Martínez apuntaba a un respaldo unificado.
Los principales cuestionamientos de la oposición tienden a reforzar la autonomía de la Unidad de Información Financiera (UIF), hoy bajo la órbita del Ministerio de Economía, y modificar el método de designación de su titular, entre otros aspectos.
“Peligra la ley de lavado de activos. Hay sectores de la oposición que quieren impedir este miércoles su aprobación en Diputados. Es clave para combatir el financiamiento del delito narco. Que no se apruebe sería una pésima noticia para Santa Fe y Rosario”, lamentó Martínez.
El presidente del bloque oficialista, quien se mostró muy molesto durante el debate en comisiones, denunció que existía un consenso sobre la mayor parte del texto pero luego la oposición exigió modificaciones y endureció su postura.
Según detalló, el proyecto crea un Registro Público de Beneficiarios Finales. “Hay un aumento del uso de sociedades por parte de organizaciones criminales. Con este registro sabremos quiénes están detrás de cada sociedad, impidiendo que sean usadas de máscara para lavar plata del narco”, explicó.
Además, destacó que se modifica el régimen de sanciones: “Se aumentan considerablemente los montos de las multas que aplica la UIF, incrementando notablemente su carácter disuasorio de manera que los sujetos obligados cumplan con la ley”.
También señaló que “cada vez hay más reportes de operaciones sospechosas de lavado a través de activos virtuales (criptomonedas). Por eso, los proveedores de servicios activos virtuales tienen que ser sujetos obligados. Y la Comisión Nacional de Valores (CNV) los debe registrar y controlar”.
“En síntesis, cuesta entender que muchos que se llenaron la boca diciendo que querían ayudar a combatir el delito narco ahora busquen obstaculizar una ley que pretende impedir el lavado de dinero”, concluyó Martínez.
Y remató: “Esperemos que cambien de postura y ayuden a mejorar una realidad que nos duele”.