El Gobierno dio el puntapié inicial hacia la privatización de Aerolíneas Argentinas, uno de los objetivos que se fijó la gestión de Javier Milei para lo que resta del año, junto con la sanción del Presupuesto. La discusión comenzó este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo selló el apoyo de buena parte de sus aliados.
Mientras trabajadores aeronáuticos se movilizaban contra la ley en las afueras del Congreso, puertas adentro los bloques comenzaron a mostrar sus cartas en el marco de un plenario de las comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda, que volverá a reunirse el próximo martes con invitados.
Tras la finalización de la sesión, Mogetta, no descartó la posibilidad de que la aerolínea tenga que cerrar, atribuyendo la responsabilidad de esta situación a los propios sindicatos del sector: “Hay presión sobre algunos gerentes de la compañía (los gremialistas) de distintas maneras han logrado que el gerente operacional presente la renuncia al cargo, y la compañía no puede funcionar sin gente operacional”, dijo.
Y añadió: “Estamos lógicamente en búsqueda del reemplazo para poderla mantener funcionando y no tener que cerrar la compañía. Pero en caso de que la compañía no cuente con estos cargos cubiertos, por normativa, no puede funcionar, con lo cual, no quedaría otra que el cierre de la compañía, generado por los propios sindicalistas”.
En nombre del Poder Ejecutivo, defendieron la privatización el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. El presidente de la aerolínea de bandera, Fabián Lombardo, también estaba citado, pero adujo “problemas de agenda” y no asistió, lo que fue criticado desde la oposición.
“La coyuntura de lo que está ocurriendo hoy en el mercado aerocomercial nos dice que el momento para avanzar es este”, subrayó Rolandi tras recordar que la iniciativa no había prosperado en la Ley Bases. “Estamos convencidos de que el Estado es un pésimo administrador de empresas”, añadió el funcionario.
El PRO y la Coalición Cívica defendieron los dos proyectos que están en debate, presentados por el macrista Hernán Lombardi y el “lilito” Juan Manuel López. La UCR también se encamina a votar a favor en su gran mayoría, aunque hay resistencia entre radicales disidentes que ya habían votado en contra del paquete de privatizaciones en la Ley Bases, como el formoseño Fernando Carbajal. Unión por la Patria encabezó el rechazo y apuesta a dilatar el debate al compás de las medidas de fuerza de los sindicatos aeronáuticos. En sintonía, la izquierda también se opuso.
En el medio, Encuentro Federal, el bloque presidido Miguel Pichetto e integrado por el oficialismo cordobés, no quiere darle un “cheque en blanco” al Gobierno y puso como condición para acompañar que la ley establezca cuál será el mecanismo y el procedimiento de la privatización. Así lo expresó Nicolás Massot, vocero de la bancada en el debate junto con el socialista Esteban Paulón.
“No estamos en contra de esta discusión, pero vamos a exigir que esto quede claro en el proyecto”, avisó Massot al advertir que los proyectos de Lombardi y López se limitan a declarar a la empresa como “sujeta a privatización”, sin mayores precisiones. También pidió que, como parte del proceso, se constituya de una vez por todas la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de las Privatizaciones.
Ante las dudas de Massot, Mogetta no fue terminante y dijo que “el formato de la privatización va a tener que ver con la actitud que están tomando los dirigentes gremiales (no los trabajadores) con la compañía” ya que “a través de un posicionamiento netamente ideológico y político, son los mismos sindicalistas los que ponen en riesgo la continuidad de la operación de la compañía”.
Para el funcionario, eso sucede debido a la reciente renuncia del gerente de Operaciones, Gustavo García Lemos, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Mogetta señaló que el Gobierno se encuentra abocado a conseguir un reemplazo “para que la compañía pueda seguir funcionando”.
“Si no puede seguir funcionando por decisión de los mismos sindicalistas y porque no conseguimos ese reemplazo, no va a quedar otra alternativa que el cierre de la compañía, en responsabilidad total de los sindicatos que han llevado esta situación”, amenazó Mogetta. “Si podemos conseguir que la compañía siga operando, las alternativas están todas en análisis, no hay una postura definida”, le contestó a Massot, ambiguo.
El funcionario cargó contra los sindicalistas. “Han hecho ya nueve paros y en cada una de esas medidas la compañía pierde entre 1 y 2 millones de dólares por día”, alertó. “Un dirigente gremial que lanza una huelga y se va de vacaciones a España con su familia, flaco favor le hace al sector, a la compañía y a los argentinos”, dijo sobre Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). “No son trabajadores, son delincuentes”, remató.
La acusación fue rechazada por Mario “Paco” Manrique, sindicalista de SMATA, en uno de los momentos más calientes del debate. “¡No puedo aceptar que un funcionario nacional trate de ladrones a los trabajadores!”, reprochó el diputado de Unión por la Patria.
La voz cantante del bloque peronista/kirchnerista la llevó el exministro de Transporte massista Diego Giuliano, quien denunció que el Gobierno lanzó la discusión “en medio de un conflicto gremial sin siquiera sentarse a resolverlo”. Mogetta contestó que “es falso que no hubo negociaciones” porque “de los cinco gremios, dos han cerrado su paritaria”.
El Gobierno y sus aliados inundaron el debate de cifras. Rolandi apuntó que “desde 2008 todos los argentinos le transferimos a Aerolíneas más de 8.000 millones de dólares” mientras que, a modo de ejemplo, American Airlines tiene un costo de “7.000 millones de dólares” y “opera con 970 aviones”. “Nosotros en Aerolíneas tenemos 80 aviones. ¿Dónde están los 900 aviones que faltan?”, se preguntó.
Desde el PRO, Silvana Giudici llamó al peronismo a “hacerse cargo” de la venta de Aerolíneas a Iberia en los ‘90 durante el gobierno de Carlos Menem: “260 millones de dólares es lo que recaudó. La deuda de 868 millones de pesos quedó en poder del Estado. Y esa privatización ruinosa luego vino acompañada de una estatización ruinosa con Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Con la venta ruinosa al Grupo Marsans, Argentina todavía tiene que pagar 340 millones de dólares por orden de tribunales internacionales”.
La diputada de LLA, Lilia Lemoine, afirmó: “No podemos sostener una empresa que da pérdidas”. “Esto es gasto estatal, esto es deuda. Si es tan buena la empresa va a funcionar privada también. Javier Milei lo dijo durante toda la campaña”. A su vez, señaló al kirchnerismo de querer retener la compañía en manos del Estado: “¿No piensan que es mejor dejar de tener ese gasto para redistribuirlo en lo jubilados o para el presupuesto educativo?”, consultó.
