Se conocieron los resultados 2022 sobre el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborados por Transparencia Internacional. La Argentina se posicionó en el puesto 94°, de un ranking total de 180 países analizados.
Esta posición iguala el puntaje obtenido en 2021, con 38 puntos sobre un total de 100 y la ubica en mejor lugar que en años anteriores, debido a que otros países empeoraron su situación.
Vía País dialogó con Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional, profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, y experto en Acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia, quien le explicó a este medio el marco de estancamiento, anomia y luchas internas de poder que complican la situación de nuestro país.
Argentina lejos de los países líderes en trasparencia en Latinoamérica
El ranking elaborado posiciona a nuestro país en el pelotón junto con Colombia y Brasil, pero lejos de países como Chile y Uruguay. Venezuela y Paraguay son los únicos dos Estados latinoamericanos por debajo de nuestro país.
Entretanto, a nivel mundial, Argentina se ubica en posiciones similares a las de Marruecos, Etiopía y Moldavia. Esto la ubica promediando la tabla de Transparencia Internacional.
“Argentina debería implementar una verdadera política anticorrupción”
En diálogo con Vía País, Marcelo Bermolén explicó que la necesidad imperiosa para que Argentina deje atrás el aplazo recurrente es que implemente “una verdadera política anticorrupción”.
Ante la consulta de este medio para saber cuáles serían las alternativas para que el país saliera de esa posición y tuviera más transparencia, Bermolén detalló:
“Es importantísimo mostrar apego a la ley -que la propia clase política tiende a veces a quebrantar- y el respeto por la Constitución Nacional y sus instituciones”.
“Se debería crear una verdadera Oficina Anticorrupción (OA) que no dependa del propio poder al que debe controlar, que tenga autonomía y cuya titularidad -a cargo de alguien intachable para el arco político todo- dure más allá de un periodo presidencial”, continuó.
En ese sentido, Bermolén explicó que la Argentina no controla la corrupción en tiempo real, porque “solo se investigan hechos del pasado, por lo general del gobierno saliente”.
“Debería nombrarse al Defensor del Pueblo de la Nación, designación que el Congreso mantiene vacante desde hace casi 14 años (tres presidentes gobernaron el país sin esta figura de contralor); sancionar una ley propia para regular el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación; investir a un Procurador General (cabeza del Ministerio Público) cuyo pliego el Senado evita discutir desde hace cinco años, y su cargo es ocupado interinamente (la excepción como regla). Bastan estos ejemplos para observar cómo la dirigencia, los funcionarios y la política en su conjunto -por acción u omisión- han aceptado el relajamiento de los diseños constitucionales de contralor del poder”.
Al mismo tiempo, el director del Observatorio de Calidad Institucional, agregó que es necesario aprobar una nueva ley de integridad y ética pública, que reemplace la vigente, la cual, en sus palabras, “nació tras los escándalos de las coimas en el Senado y que resulta obsoleta para regular los conflictos de interés en el poder. Solo fue emparchada a través de decretos y como reacción a escándalos en la función pública”.
Para finalizar, Bermolén explicó la necesidad de “reactivar la actividad plena del Congreso (hoy paralizada) y sancionar una nueva ley para el Consejo de la Magistratura (según lo resuelto por el Máximo Tribunal)”.
En esa línea, explicó la urgencia de que se abandone “la idea de que cada gobierna cuente con una Corte Suprema adicta e impulse reformas con ese fin”. Y agregó lo imperioso de “dialogar, acordar y mantener políticas públicas de largo alcance”.
Mayor celeridad en la resolución de los casos de corrupción
Marcelo Bermolén también hizo referencia a este tema, con la necesidad de “medir y evaluar a la Justicia regularmente y propender mejoras para su eficacia”.
“Se debe procurar la rápida resolución de los casos de corrupción, que suelen durar más de 14 años en promedio y que tienden a cerrarse sin condenas por prescripción“.
Desde cuándo se releva el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)
Según lo planteado por Bermolén,”el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional es el más utilizado a nivel global para monitorear la lucha anticorrupción y comparar su evolución, amén de ser una de las fuentes que suelen utilizar los inversores”.
“Fue modificado para poder hacerlo comparable entre países en 2012, pero se elabora desde la década del ‘90. Se realiza con el relevamiento correspondiente a 180 países de los cinco continentes”, detalló.
A su vez, explicó que “mide la percepción y el grado de esfuerzos de los países en combatir la corrupción, partiendo de 0 (nulo esfuerzo) y siendo 100 el puntaje ideal a alcanzar (máximo esfuerzo) enumerando la posición de los países cuanto más puntaje acumulen en pos de ese combate”. Cabe recordar que Argentina consiguió 38 puntos.
Cuál fue el mejor puntaje de la Argentina a nivel histórico
“Argentina ha tenido en promedio un marcador histórico de alrededor de 36 (muy similar al actual)”, comentó el experto en Acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia.
“Alcanzó su mejor puntaje en 2019 cuando midió 45 puntos (tras la sanción de las leyes de acceso a la información pública, de responsabilidad penal de las personas jurídicas, del arrepentido, entre otras)”, agregó.
Para cerrar, a la hora de ser consultado sobre si históricamente la Argentina no controla en tiempo real la corrupción y solo se dedica a verificar los hechos una vez concluyeron los gobiernos, Bermolén explicó que considera que este hecho se da desde el regreso de la democracia y que “ha sido una tendencia profundizar las investigaciones de aquellos que han dejado el poder”.
