A partir del próximo martes, 17 de agosto, se regresará la actividad presencial en todo el Poder Judicial, según resolvió hoy la Suprema Corte de Mendoza.
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La resolución, firmada por el presidente de la Corte Dalmiro Garay y todos los ministros, incluye a “todos los agentes, funcionarios y magistrados que se encuentren dentro de la Superintendencia Administrativa”.
Por lo que el Ministerio Público Fiscal deberá expedirse al respecto, es decir, si el organismo que lidera Alejandro Gullé, adhiere o no a esta medida.
La normativa abarca tanto a quienes hayan recibido la primera dosis contra el coronavirus, como también aquellas personas que por decisión propia decidieron no vacunarse.
La acordada de la Corte también ordenó a los “administradores, secretarios y responsables de las distintas oficinas, se tomen los recaudos para dar cumplimiento a los protocolos de distanciamiento y bioseguridad”.
Exceptuados
La Resolución conocida hoy lleva el número 30.183 y contempla también una lista de “exceptuados” para regresar a la actividad presencial.
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Estos son las personas con inmunodeficiencias: Congénitas, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave, VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable), empleados con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días), pacientes oncológicos y trasplantados: con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa; con tumor de órgano sólido en tratamiento, trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos, como así también mujeres embarazadas que lo soliciten.
Para acceder a esto, deberán presentar un certificado que acredite la patología.
