Una sola maniobra detectada fue suficiente para que la Unidad Fiscal Jujuy imputara a dos trabajadores y a una cadena de carnicerías por contrabando de exportación e importación agravado de carne. La operación consistió en el traslado de quince medias reses hacia Bolivia, por un paso no habilitado, y el posterior cobro de una suma equivalente a más de 22.000 dólares.
En una audiencia ante el juez federal de Garantías n° 1 de Jujuy, Eduardo Hansen -en carácter de interino del Juzgado Federal n° 2-, la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero, del Área de Flagrancia de la mencionada unidad fiscal, expusieron que el 7 de marzo de 2024 los empleados trasladaron 15 medias reses hacia Bolivia por un paso no habilitado, en La Quiaca -283 km al norte de San Salvador de Jujuy-, y unos días más tarde viajaron al país vecino para cobrar más de 22 millones de pesos.
“Recién cargamos 15 medias”, dice uno de los mensajes intercambiados por celular entre los involucrados en la maniobra aquel día. “Vamos a ir a descargar”, dice otro texto más tarde.
El caso había tenido una primera audiencia de formalización en junio pasado. En esa oportunidad, la fiscalía imputó a César Daniel Fatti por contrabando de exportación e importación en calidad de partícipe necesario, y a Marcos Ariel Saavedra por contrabando de importación.
Voceros judiciales informaron que en la audiencia reciente se amplió la imputación con el agravante previsto en el artículo 865 inciso “i” del Código Aduanero, aplicable cuando el valor en plaza de la mercadería supera los tres millones de pesos.
Asimismo, con fundamento en el artículo 887 del mismo cuerpo normativo, la fiscalía extendió la imputación a la empresa, en su carácter de responsable solidaria por los delitos aduaneros atribuidos a sus dependientes.
EL OJO ENTRENADO DE LOS GENDARMES
El caso de contrabando quedó al descubierto el 11 de marzo de 2024 cuando una patrulla del Escuadrón 21 “La Quiaca” de la Gendarmería Nacional recorría un sector fronterizo próximo a un paso ilegal habitualmente utilizado por pobladores de la zona.
Los efectivos observaron a Fatti León y Saavedra ingresar desde Bolivia y, al identificarlos, descubren que el primero llevaba 22.638.550 pesos, suma que ninguno de ambos pudo justificar su tenencia. El dinero fue secuestrado junto al teléfono celular de Fatti León.
La investigación inicial permitió establecer que ambos hombres trabajaban en una carnicería que la firma posee en La Quiaca. Posteriormente se reconstruyó que cuatro días antes, el 7 de marzo, el empleado que transportó los fondos había intervenido en el traslado ilegal hacia Bolivia de 15 medias reses, mediante un camión perteneciente a la empresa.
Relató la fiscalía que la operación se concretó en dos momentos -mañana y tarde-. El vehículo era estacionado a escasos metros de la frontera en inmediaciones de un paso ilegal y desde allí la mercadería fue transferida a territorio boliviano. El cobro de la venta se gestionó días después, cuando los dos empleados viajaron nuevamente al país vecino.
La fiscalía sostuvo que esta hipótesis se corrobora con diversas evidencias, tales como el reporte de geoposicionamiento del camión, impacto de antenas del teléfono celular y mensajes intercambiados entre el imputado y su pareja, en los que se describe la carga y descarga de las reses.
Entre los mensajes hay expresiones como “Estamos bajando”, “Con carne”, “Recién cargamos 15 medias” y “Vamos a ir a descargar”. En otro chat, su pareja advierte -infructuosamente-: “A pie están gendarmes”.
La fiscal Orsetti sostiene que la empresa estuvo directamente vinculada a las maniobras.
LA HISTORIA COMIENZA EN SALTA
Sobre la firma Dosan Inversiones SRL, la investigación estableció que fue constituida el 10 de noviembre de 2009 en la ciudad de Salta y registra más de diez puntos de venta, entre ellos la carnicería ubicada en La Quiaca.
La empresa requirió formalmente la restitución del dinero incautado, aduciendo que era producto de una venta a una clienta y aportando factura y documentación respaldatoria. También acompañó constancias de relación laboral de los empleados.
De esos registros surge que Saavedra fue incorporado a la firma el 8 de marzo de 2021, mientras que Fatti León fue registrado recién el 13 de marzo de 2024, dos días después del procedimiento donde se secuestró el dinero.
Asimismo, se verificó que otros empleados registraban múltiples movimientos migratorios hacia la ciudad boliviana fronteriza de Villazón en horarios coincidentes y con permanencias breves, entre dos y tres horas.
Según los organismos de control, la empresa desarrolla diversas actividades vinculadas a la comercialización mayorista y minorista de carnes. La empresa cuenta con registro como Agente Aduanero, pero se encuentra suspendida para operar en comercio exterior desde agosto de 2022 por falta de pago de servicios extraordinarios.
Con estas evidencias, la fiscalía fundó la imputación contra la empresa como persona jurídica, según lo previsto en 864 inc. “a” y 865 inc. “i” del Código Aduanero, que prevén penas de 2 a 8 años de prisión para quien importe o exporte mercadería por lugares no habilitados, y el agravante de cuando el valor en plaza supera los tres millones de pesos, lo que, en este caso, quedó acreditado, afirman la fiscales.
También se citó en la audiencia el artículo 887 del mismo código, el cual establece la responsabilidad solidaria de la empresa respecto a las penas pecuniarias que se imponga a sus dependientes por la comisión de delitos aduaneros en ejercicio u ocasión de sus funciones.
El juez Hansen prorrogó medidas dispuestas sobre Fatti León y Saavedra, entre ellas la prohibición de salir del país, presentaciones periódicas y el compromiso de no entorpecer el trámite de la investigación, lo cual no tuvo oposiciones de las defensas.
