Eduardo Sánchez
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 4 años y 8 meses de prisión que les fue impuesta en 2022 al exjefe y al exsubjefe de la Subdelegación La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, por haber intentado contrabandear un camión cargado de insumos sanitarios hacia Bolivia en abril de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19 y con la frontera cerrada.
A partir de esa decisión y tras el rechazo a los recursos intentados ante el máximo tribunal por las defensas de los expolicías, el Tribunal Oral Federal de Jujuy ordenó la detención de ambos condenados, que ahora permanecen alojados en el Escuadrón La Quiaca de la Gendarmería Nacional a la espera de su traslado al Complejo Penitenciario Federal NOA III, ubicado en el departamento Gral. Martín Miguel de Güemes, provincia de Salta, confirmaron voceros judiciales.
Bejarano y Cano fueron condenados como coautores del delito de contrabando de exportación agravado por el número de intervinientes y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa.
La condena fue impuesta a instancia del fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, quien también logró la condena de otros cuatro cómplices: los hermanos Luis, Paul y Fabián Saiquita, recibieron 4 años y 3 meses de prisión como coautores del mismo delito que los policías, y Eduardo Laime, chofer del camión, fue condenado a dos años de prisión en suspenso, como partícipe necesario.
CONTRABANDO FRUSTRADO A METROS DE LA FRONTERA
Eran aproximadamente las tres de la madrugada del 22 de abril del 2020 cuando en el paraje rural Ojo de Agua gendarmes del Escuadrón 21 de La Quiaca interceptaron a escasos 500 metros de la frontera, un camión Mercedes Benz 710 y un móvil de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal Argentina.
El vehículo de carga conducido por Laime llevaba las luces apagadas, y a bordo estaban dos de los hermanos Saiquita. En la unidad policial, que se desplazaba por delante a modo de “coche puntero”, viajaban los jefes Bejarano y Cano, acompañados por Fabián Saiquita.
Al inspeccionar el camión los gendarmes hallaron en su interior un importante cargamento de insumos sanitarios para la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2, mercadería que fue valuada en más de 840.000 pesos.
Además de testimonios de testigos y otras pruebas, la investigación de la fiscalía puso el foco en el análisis de los teléfonos celulares secuestrados en el procedimiento. Así, el fiscal Zurueta presentó las comunicaciones previas mantenidas entre los acusados, para demostrar la responsabilidad de los dos jefes policiales y de sus cómplices en la maniobra.
Formalizada la acusación, la causa llegó a juicio en junio de 2021 ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy, integrado por la jueza María Alejandra Cataldi en carácter de presidenta, y los magistrados Marta Snopek y Mario Héctor Juárez Almaraz.
DOS JUECES CON DUDAS, UN FISCAL CON CERTEZAS
El 6 de agosto del 2021, tras escuchar los alegatos de la fiscalía, que pidió la declaración de responsabilidad penal de los acusados, y de la defensa, que reclamó la absolución, el tribunal, con los votos de Snopek y Juárez Almaraz, resolvió exculpar por el beneficio de la duda a los dos jefes policiales y a los hermanos Saiquita, mientras que de forma unánime dispuso la absolución de Laime.
Dos semanas después el fiscal Zurueta impugnaría el fallo por considerarlo “arbitrario” y “carente de motivación suficiente para la decisión dictada”.
A partir de ello se sucedieron planteos hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario directo que fue rechazado. Por último, el pasado 14 de agosto fue desestimado el recurso de queja interpuesto por la defensa de los exjefes policiales, de manera que es inminente su traslado al penal federal de Güemes (Salta), donde quedarán recluidos para el cumplimiento de la pena.