La jueza federal de Garantías 2 de Salta, Gabriela Giménez, dispuso imputar con prisión preventiva a Juan Carlos Espíndola (46), el camionero jujeño al que le descubrieron en su vehículo un cargamento de 48 kilos de cocaína cuando fue interceptado en un control en el límite entre las provincias de Jujuy y Salta.
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Espíndola, de 46 años, fue imputado por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y la magistrada dispuso que siga preso preventivamente, haciendo lugar a los pedidos del auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA.
El acusado había sido detenido el miércoles de la semana pasada, alrededor de las 14:50, durante un procedimiento que estuvo a cargo de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sobre la ruta nacional 34, a la altura del límite interprovincial entre Salta y Jujuy, en la zona del río Las Pavas.
Allí, los efectivos requisaron el camión al mando de Espíndola y descubrieron que en el acoplado llevaba dos cajas de cartón que tenían en su interior 47 paquetes rectangulares de diversos colores y tamaños, los que a su vez contenían más de 48 kilogramos de cocaína, por lo que Espíndola quedó detenido.
EL TRIÁNGULO BOLIVIA - SALTA - JUJUY
Tras este operativo, la PSA realizó tres allanamientos -dos en domicilios de San Salvador y San Pedro de Jujuy, y uno en la ciudad de Orán, del norte salteño- donde secuestraron dos autos y cuatro motocicletas.
La investigación, trabajada en conjunto con la delegación regional NOA de la Procuraduría de Narcocriminalidad se desprendió de otra causa cuya pesquisa derivó en varios procedimientos realizados en octubre último, en los cuales la PSA incautó más de siete kilos de estupefacientes y detuvo a cuatro personas.
De acuerdo con los investigadores, la droga procedía de Bolivia, para ingresar por la localidad fronteriza de Aguas Blancas, y era acopiada en la ciudad de Orán, en el marco de una compleja organización narcocriminal investigada desde hace varios meses.
En la audiencia de imputación, Viltes Monier explicó que Espíndola venía siendo investigado por el área de la Procunar NOA, lo mismo que otros dos cómplices, para quienes ya se ordenó su captura nacional e internacional.
El funcionario indicó que como resultado de tareas de inteligencia criminal, se conocía que Espíndola, oriundo de San Pedro de Jujuy y camionero de oficio, transportaba una importante cantidad de droga en un camión con acoplado que había salido de Orán y que circulaba de norte a sur.
UN FALLIDO PLAN DE ESCAPE
En su exposición, el auxiliar fiscal describió que en la maniobra el camionero era secundado por los dos cómplices prófugos, quienes hacían de “coche puntero” durante la travesía, informándole a Espíndola sobre los riesgos de control en los distintos puestos, a partir de lo cual el vehículo de carga era demorado o se cambiaba de ruta.
“Todo esto -agregó Viltes Monier- se encuentra detalladamente probado a partir de una profusa exploración de los teléfonos de los acusados, de los cuales surgen numerosos mensajes indicativos sobre los cuidados que debía tener en cada puesto de control, en particular el retén en el puente sobre el río Las Pavas”, nada de lo cual les sirvió para evitar caer en manos de los investigadores de la PSA.
En la audiencia de formalización de la investigación penal, el camionero, a través de su defensa, se abstuvo de prestar declaración.
EL FACTOR FRONTERAS PERMEABLES
“La droga era acopiada en la ciudad de Orán hasta que los implicados coordinaban el traslado a la capital de Salta, Catamarca y La Rioja, donde era comercializada entre revendedores locales, los que ponían el estupefaciente en las calles, como último eslabón del delito”, detalló Viltes Monier.
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Para el auxiliar fiscal, la acusación cuenta con “la verosimilitud necesaria para fundar la prisión del acusado, a lo cual se suman evidentes riesgos procesales. Uno de ellos es el peligro de fuga, argumento que surge no sólo de su actividad como camionero, sino de un registro migratorio irregular que evidencia la facilidad que posee para traspasar al Estado Plurinacional de Bolivia”.
Además, señaló el riesgo de entorpecimiento de la investigación penal, puesto que el caso aún tiene dos prófugos y existen medidas en curso para dar con ellos, y resaltó la naturaleza, la gravedad del hecho y la expectativa negativa respecto a una pena de orden condicional.
