Una conferencia de prensa realizada en la Casa de Jujuy en Buenos Aires fue el contexto en que el gobernador Gerardo Morales y el fiscal de Estado, Mariano Miranda, hicieron revelaciones acerca de la presentación de una demanda penal contra funcionarios del Gobierno nacional y agencias el Estado nacional, por la comisión de los delitos de “usurpación de autoridad” y de “abuso de autoridad” al haber emitido el reconocimiento de posesión de tierras para la producción de la agricultura familiar en la zona de Palma Sola, a unos 160 km de San Salvador de Jujuy.
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“Rechazo terminantemente las acciones de funcionarios nacionales del Ministerio de Agricultura que, arrogándose atribuciones del Gobierno provincial y en abuso de sus competencias, emitieron instrumentos reconociendo la posesión de tierras a militantes del Movimiento Evita”, había escrito el Gobernador en sus redes sociales.
“Tenemos que frenar este avance sobre la propiedad pública y privada, que también se dio en el sur del país. En Jujuy entregaron 23 mil hectáreas a 65 militantes”, se quejó Morales, agregando que los denunciados llegaron a entregar “en algunos casos 1.200 o 1.500 hectáreas de tierra de una reserva provincial o de tierras privadas”, puntualizó.
QUIÉNES SON LOS FUNCIONARIOS DENUNCIADOS
De acuerdo a la documentación presentada en los Tribunales, la denuncia es en contra de Miguel Ángel Gómez, en su carácter de secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y de María José Castillo, en su condición de directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La denuncia comprende también a la intendenta del Parque Nacional “Calilegua” de la Administración de Parques Nacionales, Cecilia Iriarte, quien a criterio de los denunciantes “no tiene jurisdicción, porque esta zona está alejada de ese parque, y sectores como ‘Tierra Fértil’ y la ‘Agrupación Evita’”.
Ante las cámaras de numerosos canales de tv y demás medios metropolitanos, Morales aseveró que las tierras motivo de la denuncia “pertenecen a privados y una parte de esas hectáreas le pertenecen al Estado provincial, como por ejemplo la Reserva ‘Las Lancitas’”, remarcó.
Los funcionarios nacionales denunciados -siguió Morales- “entregaron constancia de posesión tradicional, argumentando informes antropológicos, lo que es una construcción falsa”.
“En algunos casos se les entregó los títulos a campesinos que habían iniciado juicio de prescripción adquisitiva” pero que perdieron el pleito en la Justicia, “por lo que los privados tienen ejercicio de posesión de las tierras. Y el Estado también lo tiene”, aseveró
Sostuvo asimismo que esta modalidad también se observó en zonas del sur del país, “con la idea de ir en contra del principio constitucional y del código de la propiedad privada”, describió.
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Por su parte, el fiscal Miranda apuntó que “se trata de un hecho grave e irregular, concretado por funcionarios nacionales, porque este certificado de reconocimiento de posesión tradicional afectará directamente a los procesos judiciales que se desarrollan en la órbita Penal y Civil, que en muchos de los casos ya tienen sentencia”, hizo notar.
“Al no hacerse un relevamiento, esta situación incentivará a la usurpación de otros espacios, lo que agravaría” el panorama, de manera que con estas acciones iniciadas en la Justicia “como Estado, estamos velando por la propiedad del Estado y la privada”, subrayó por último el Fiscal de Estado de Jujuy.
