Los diputados del oficialismo lograron anoche la mayoría para sancionar la ley provincial que aprueba el cobro de un seguro destinado a extranjeros que requieran atención médica en hospitales y centros de salud de Jujuy.
La ley N° 6.116 sancionada en la Legislatura tiene como objeto establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la prestación del servicio público provincial de salud a extranjeros que permanezcan de forma transitoria en la provincia.
Oficiando como miembro informante, la diputada Lourdes Navarro, del Frente Cambia Jujuy, planteó que la iniciativa del Poder Ejecutivo representaba "una herramienta para trabajar con reciprocidad en igualdad" y explicó que la misma establece que los extranjeros que se encuentren transitoriamente en el país y requieran o demanden atención médica y sanitaria, deberán abonar un seguro.
La legislación faculta al Poder Ejecutivo a establecer por vía reglamentaria las autorizaciones, modalidades, nomencladores y valores retributivos de las prestaciones del seguro provincial de salud para las personas de otros países alcanzadas, que no hicieran aportes vía impositiva para solventar los servicios que brinda el Estado.
Los diputados de la oposición coincidieron en que la ley es "inconstitucional", "regresiva" y advirtieron que configura uno de los "papelones más grandes de la Legislatura de Jujuy".
Al rechazar la iniciativa, el diputado de Unidad Ciudadana, Juan Manuel Esquivel, aseguró que el "impacto económico de la atención sanitaria de extranjeros es nulo ya que solo un cinco por ciento de las atenciones médicas son a extranjeros en Jujuy" y opinó que este tema del cobro por atenciones de salud a los argentinos en Bolivia "se tiene que resolver por la vía diplomática".
A su vez el legislador justicialista Javier Hinojo interpretó que la discusión instalada ante la opinión pública y que llegó a la órbita legislativa, tenía como objetivo real "sacar de la agenda política lo que pasa en Jujuy. Y no es nuevo esto: le echamos la culpa -dijo irónicamente- al sector más vulnerable, que son los extranjeros en la provincia".
"El problema obsesivo del gobernador Gerardo Morales es con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para generar una corriente de odio, porque acá si hay discriminación", había dicho antes su compañera de bancada Alejandra Cejas, que así, con la respiración agitada y evidente enojo, no dudó en calificar de xenofóbica la posición del Gobierno y de "mente endemoniada" al mandatario provincial.
Por el contrario, para el legislador de la UCR Luciano Rivas, "más del noventa por ciento de los jujeños estaba esperando esta ley, porque es una ley de igualdad", dijo, y defendió que es una "norma constitucional", para lo cual citó varios artículos de la Carta Magna de la Provincia.
El texto de la norma estipula que el Poder Ejecutivo Provincial deberá reglamentar su aplicación en un plazo máximo de 180 días.
La nueva legislación fue alumbrada después que el Gobierno debiera repatriar a un ciudadano jujeño que había sufrido un accidente vial en Bolivia y ante lo que el gobernador Morales calificó de "falta de reciprocidad" en la atención que el paciente debía recibir.
