Ecuador permanece en “estado de emergencia nacional“ tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un hecho sin precedentes que ha sumido al país en uno de los momentos más aciagos de su historia democrática.
El presidente Guillermo Lasso publicó en su cuenta de Twitter, que el crimen del candidato será investigado por la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) que “aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país”.
Dos de los aspirantes con mayor preferencia del electorado, Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez, anunciaron que suspenderán cualquier evento masivo para no arriesgar la seguridad de las personas.
En tanto la esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz, publicó en su cuenta de Twitter que a su marido lo asesinaron “porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas ya los narcotraficantes de este país”.
En rueda de prensa el ministro del Interior, Juan Zapata, precisó que en el sur de la capital fueron arrestados seis extranjeros en torno al caso, dos de ellos plenamente identificados en la escena del crimen, y agentes de policía se incautaron de un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, cargadores de fusil, cuatro cajas de municiones, tres motocicletas y un vehículo reportado como robado.
Añadió que el gobierno consideró el asesinato de Villavicencio un “crimen político con carácter terrorista, un intento de sabotaje a las próximas elecciones”.
Los restos de Villavicencio fueron retirados de la morgue policial y trasladados en una carroza fúnebre cubierta con la bandera ecuatoriana a una funeraria del norte de Quito, donde durante la jornada la familia será la única que tendrá acceso.Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, dijo en conferencia de prensa que “una ola de indignación y rabia inunda a Ecuador” porque las mafias le han declarado la guerra al país y que el Estado “y las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder para enfrentarlos”.
Anticipó que efectivos serán desplegados a todos los rincones del país para proteger a la ciudadanía hasta después de las elecciones del 20 de agosto.
Qué pasará con las elecciones en Ecuador
El movimiento Construye, que apoyó la candidatura de Villavicencio, anticipó que formará un equipo de seguimiento del proceso legal y exigirá que “se conforme una comisión internacional que sea parte de la investigación de este magnicidio”, al tiempo que detecte que no permitirá que “la narcopolítica siga campante y se burle una vez más de la justicia”.
En un comunicado, añadió que en las próximas horas anunciará su decisión sobre el proceso electoral.
De acuerdo con la ley, si un candidato queda inhabilitado el grupo que lo apoya puede designar un reemplazo entre sus integrantes.
Villavicencio, de 59 años y quien se caracterizó por denunciar y confrontar a funcionarios públicos y empresarios presuntamente vinculados con actos de corrupción, fue abatido a balazos el miércoles al salir de un acto proselitista en un colegio del norte capitalino.
En el atentado también resultaron heridas otras seis personas y uno de los presuntos asesinos murió en el cruce de balas, reportó la Fiscalía.”
Quiénes son Los Lobos, la pandilla que se adjudicó el atentado
Se trata de un grupo conocido como Los Lobos, una pandilla criminal que tiene vínculos con el narcotráfico y es parte de una guerra que se vive en el país sudamericano entre diferentes carteles. El motivo del conflicto pasa por el control del puerto de Guayaquil, uno de los puntos donde sale la droga para Estados Unidos.
El grupo criminal se unió a otros de la misma índole para formar La Nueva Generación que tiene vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México que está extendiendo su influencia por la región. Su principal adversario en la guerra son Los Choneros, que están vinculados al Cártel de Sinaloa.
En las últimas horas, la pandilla difundió un video donde se atribuyen el crimen de Villavicencio y aseguraron: “Queremos dejarle claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja”.
Villavicencio era el único aspirante a la presidencia que, por decisión propia, no tenía la custodia policial que el Gobierno ofreció a todos los postulantes.
