En reclamo por el no pago de las indemnizaciones por la voladura de la Fábrica Militar, en 1995, se presentó en la Justicia un multitudinario reclamo colectivo, contra el Estado Nacional, para que haga efectivo el pago de esos resarcimientos correspondientes a unas 10.000 familias.
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La presentación fue realizada ante el Juez Carlos Ochoa del Tribunal Federal de Río Cuarto por el abogado Mario Ponce, patrocinante de miles de demandantes, quien reiteró el reclamo para que se abonen las indemnizaciones establecidas por ley y que se emplace al Gobierno Nacional a cumplir con el pago.
En tal sentido, el letrado comentó que “el Estado Nacional ha incurrido en el incumplimiento de otra promesa”, protestó y agregó que “no ocurrió nada, en enero, febrero y en marzo se nos comunicó que se iba a realizar un nuevo cálculo, debatimos sobre ese tema pero acordamos. En mayo tenían que comenzar a enviar los requerimientos de pago, aunque estamos en agosto y aún eso no ha ocurrido”, dijo a Tercer Río Noticias, este miércoles.
Seguidamente explicó que la presentación “es para que lo emplace al Estado a cumplir con el pago y que indique cuáles son los mecanismos de cálculo que utiliza en base a lo que ley le exige”, indicó.
Sobre el saliente ministro Agustín Rossi, criticó: “El ministro de Defensa había dicho por radio que para él lo de Río Tercero era un tema personal. Hoy es precandidato en Santa Fe, dejando el ministerio, algo que tiene derecho a hacer, pero de ningún modo lo tiene en formular una promesa a miles de personas y hacer como que no pasó nada”, disparó.
“Lo único que debe hacer el Gobierno, es cumplir con la ley. El certificado judicial es equiparable a una sentencia. Lo que debe hacer el Estado, es pagarle a quienes tienen ese certificado, pero como no lo hace voluntariamente, lo solicitamos nosotros a través del Tribunal”, concluyó.
