Peritos de la Policía Judicial de Córdoba fueron convocados para realizar registros y secuestros de elementos probatorios a la escena de un crimen y los recibieron a los tiros en barrio Villa Gran Parque. Ante esta situación pidieron que su tarea sea declarada como “insalubre”.
El hecho ocurrió el viernes 27 de enero en el marco del homicidio de Claudio Rodrigo Valdez (21), quien fue ultimado de un disparo en el pecho en Juan B. Justo y avenida Japón. Mientras los uniformados trabajaban, familiares y amigos de la víctima llegaron a reclamar justicia y comenzó la secuencia.
“Se efectuaron más de 50 disparos. Tuvieron que hacer cuerpo a tierra porque no tuvieron seguridad por parte de la Policía de Córdoba, ni de la Guardia de Infantería ni de ninguna otra fuerza de seguridad”, dijo el delegado de los trabajadores, Ernesto Ortíz, a Radio Universidad.
Tras el suceso de 45 minutos que por fortuna no registró personas muertas, representantes de los empleados plantearon su queja porque en el lugar sólo había algunos efectivos policiales y no estaba el personal de Infantería, entrenado para este tipo de situaciones.
El reclamo de los peritos
“El equipo llegó al sector creyendo que las condiciones de seguridad estaban dadas”, relató Gabriela Arribillaga en diálogo con ElDoce. Luego, contó que la balacera comenzó al final del procedimiento y los presentes “se agazaparon como pudieron y pidieron auxilio”.
En este contexto, la perito esclareció: “Desde la pandemia a esta parte, las condiciones de trabajo vienen desmejorando. Además, indicó que cada vez tienen más situaciones donde su salud, integridad física y psiquis está en riesgo.
Como si fuera poco, ella reveló que hace años reclaman por la “insalubridad” al Tribunal Superior de Justicia y al Gobierno Provincial.
Este miércoles, el cuerpo de delegados y el gremio de Judiciales realizan una asamblea para exigir la implementación de la Oficina de Medicina Preventiva donde se puede brindar contención psicológica sancionada hace 11 años.
Carta de AGEPJ
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial provincial (AGEPJ) emitió un comunicado repudiando lo sucedido.
“Durante la madrugada del día 27 de enero un cuerpo operativo de Policía Judicial sufrió un lamentable episodio de inseguridad mientras realizaba sus tareas habituales de reconstrucción. Al constituirse en el lugar del hecho las compañeras y compañeros del equipo, que esperaban la presencia de Infantería dado la peligrosidad de la zona, se encontraron que como única medida de seguridad los esperaban solo algunos efectivos policiales. Efectivos que además relataron un enfrentamiento con armas de fuego a metros del lugar donde el equipo debía cooperar minutos antes”.
A pesar de la escasa protección brindada, los técnicos comenzaron a desarrollar las tareas solicitadas por Fiscalía. Antes de que pudieran terminar con su trabajo una verdadera lluvia de balas se abatió sobre los mismos debiendo permanecer guarnecidos en el interior de una vivienda por más de 45 minutos, mientras que desde la Base Operativa se pedía con insistencia que personal de Infantería se presente en el lugar para rescatar a los técnicos.
Transcurrida casi una semana de este terrible episodio, que podría haber tenido un desenlace trágico, ninguno de los jefes y encargados de la Institución se comunicó con los miembros del equipo para ofrecer asistencia psicológica o constatar la salud de los empleados y empleadas.
El 1 de febrero el gremio Judicial ha convocado a una asamblea, a las 07.30. en la explanada de la Policía Judicial.
El Secretario gremial de AGEPJ Adrián Valán sostuvo que: “es un nuevo y lamentable episodio de falta de condiciones de trabajo que tienen que vivir trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. El marco de todo esto es la insensibilidad y el cinismo de la patronal, el Tribunal Superior de Justicia que reiteradamente se niega a reconocer la insalubridad de las tareas que desarrollan los cuerpos operativos de la Policía Judicial. Hechos como el sucedido, que lisa y llanamente puso en peligro la vida de un grupo de trabajadores bastarían para convencer a personas sensatas de la razonabilidad de declarar ese trabajo como insalubre.”
En tanto que la Pro secretaria de agrupamientos especiales de AGEPJ Gabriela Arribillaga agregó que “es necesario constituir una mesa de trabajo con el MPF para protocolizar el abordaje de lugares del hecho que revistan peligrosidad, para que el personal técnico no se constituya sin que haya las medidas de seguridad necesarias. A su vez es urgente que el empleador ponga en marcha un espacio de asistencia psicosocial para que las trabajadoras y trabajadores puedan procesar el stress postraumático que producen este tipo de hechos a los que con mayor o menor medida las y los empleados de cuerpos operativos estamos expuestos diariamente”.
