Mientras avanza la causa en la Justicia de Córdoba que lo investiga por denuncias muy graves, el referente de la Fundación Dolto, Marcelo Eduardo Bazán, fue sancionado por el Colegio de Psicólogos de la Provincia, que canceló de manera oficial definitivamente su matrícula profesional.
Bazán está imputado en la Justicia cordobesa como autor presunto de varios delitos en torno a las actividades de la Fundación Dolto.
Además de anunciar esta medida, el Colegio comunicó que Bazán transgredió normas establecidas en el Código de Ética profesional, por lo que realizó una presentación penal contra el profesional, que fue remitida a la fiscalía Distrito N° 2 Turno N° 5.
La resolución del Tribunal de Ética de la entidad fue firmada por María Marta Vega, Valentín Peralta y Martha Moreno, más el secretario César Crivello y el asesor letrado Marcos Daher y dispuso la cancelación definitiva de la matrícula de psicólogo, que ya había sido suspendida cuando trascendieron las primeras noticias sobre las actividades irregulares en la Fundación Dolto, en varias localidades de la provincia.
Una larga investigación judicial
En 2018 comenzaron a conocerse esas actividades que consistían en la presunta formación de una red de captación de personas a través de métodos ilegales, según reconstruye el diario La Voz.
El 3 de agosto de 2018 Bazán fue detenido por primera vez, acusado de ser autor supuesto de los delitos de extorsión y amenaza; y junto con él, cayeron presos otros tres miembros de la organización, pero más tarde uno a uno fueron recuperando la libertad.
Aquella denuncia inicial había sido radicada en la fiscalía de Río Segundo, por exempleados de Dolto.
Tras eso, en 2018 el Ministerio de Salud clausuró todos los locales que la fundación tenía en la ciudad de Córdoba.
Tras estar detenido en la cárcel de Bouwer durante 11 meses, Bazán recuperó la libertad en julio de 2019. Debió pagar una fianza real de 500 mil pesos y una fianza personal, con la firma de 10 abogados, por otros 500 mil pesos.
¿De qué se lo acusa concretamente?
En esta causa que se tramita en la Justicia provincial, Bazán y miembros de su entorno están acusados de los delitos de extorsión, de amenazas y de abuso de armas. En esta investigación está sospechado de formar una red de captación de personas a través de métodos ilegales.
