La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y diversas entidades de Córdoba, como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, presentaron una denuncia contra las máximas autoridades del Pami. Los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente patrocinaron esta acción, radicada el pasado 30 de septiembre en la fiscalía federal de turno de la ciudad.
Los acusados son el director nacional del INSSJP, Esteban Leguizamo, y el titular ejecutivo de la Unidad de Gestión Local III de Córdoba, Marcos Patiño Brizuela. Se les imputan delitos graves, incluyendo desobediencia a la autoridad, actos discriminatorios, estafa procesal, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Denunciaron penalmente a las autoridades de Pami en Córdoba
Esta nueva acción legal tiene origen en un amparo colectivo previo, iniciado en diciembre de 2024 por las mismas organizaciones. Dicha presentación cuestionó la validez de la resolución administrativa 2431/2024 de Pami, una norma que había modificado los requisitos de acceso a fármacos gratuitos.
Según los denunciantes, aquella disposición puso fin al plan conocido como “Vivir mejor”, el cual aseguraba a jubilados y pensionados el listado de medicamentos esenciales al 100% de su costo, entregados automáticamente y sin realizar trámites burocráticos. El amparo había recaído finalmente en el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza.
El juez Pablo Oscar Quiroz dictó una resolución cautelar el 16 de mayo pasado que respaldó el planteo de los amparistas. Dicha orden instruía la suspensión, dentro de la provincia de Córdoba, de las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 del INSSJP. La directiva judicial exigía al Pami restituir el programa “Vivir mejor”, garantizando el acceso sin costo y automático a los medicamentos esenciales recetados por médicos de cabecera a todos los afiliados cordobeses.
El letrado Carlos Vicente manifestó que, a pesar del fallo judicial, la dirección de Pami, tanto a nivel provincial como nacional, no cumplió la medida. Sostuvo también que la entidad presentó informes falsos ante el magistrado, alegando cumplimiento cuando el acceso real a los fármacos esenciales no existió para los beneficiarios.
La actitud de la conducción del Instituto, que mantuvo por más de cuatro meses el desconocimiento de la orden cautelar a pesar de intimaciones y multas, fue calificada como de “absoluta mala fe” por Vicente. Entre las figuras penales mencionadas, el abogado detalló el incumplimiento de las mandas judiciales (previsto en el artículo 239 del Código Penal), la discriminación hacia el sector vulnerable de los jubilados, el no cumplimiento de los deberes funcionales y la estafa procesal por haber mentido deliberadamente al juez.
