Un exempleado del Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba, fue condenado por la Cámara Décima en lo Criminal por una burda maniobra: quedarse con el monto de créditos “blandos” que él mismo gestionaba a nombre de personas que no habían presentado solicitudes a ese organismo, encargado de otorgarlos.
El responsable del delito de administración calificada en perjuicio de la administración pública es Sergio Javier Gonzáléz, quien en esa época tenía bajo su mando la carga informática de las solicitudes para ambas líneas de crédito.
Las líneas de crédito eran “Redes” y “Mejor Hogar”, que estaban disponibles en 2018, cuando el empleado ahora condenado fue descubierto por las propias autoridades de la cartera que por entonces conducía Sergio Tocalli. Otorgaban 15 mil pesos, para ser devueltos en 36 cuotas de 500 pesos.
La condena, de cumplimiento condicional, es por tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También fueron condenados sus cómplices, quienes eran los encargados de cobrar los cheques correspondientes.
Se trata de Enzo Francisco Pesci, Heber Andrés Antonutti y Lucas Manuel Benito Shwap, coautores de defraudación calificada en perjuicio de la administración pública. A los dos primeros acusados se les impuso la pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso; mientras que el tercero recibió un año y seis meses de prisión, también de ejecución condicional.
Suspendido en 2018
González se desempeñaba en la Dirección General de Programas Especiales y fue suspendido el 2 de mayo de 2018, cuando las sospechas recayeron sobre él. De acuerdo con los testimonios en la causa, él era el único empleado que sabía utilizar el programa Syntis, a través del cual se verificaban los ingresos económicos del (falso) solicitante.
De acuerdo a la instrucción, realizada por el fiscal en lo Penal Económico Matías Bornancini, que fue confirmada tras las audiencias orales en la sala unipersonal que presidió Carlos Palacio Laje, el acusado insertaba en el sistema informático de la Provincia datos de personas que no habían presentado ninguna solicitud a los mencionados créditos.
Estos datos eran remitidos al área que confeccionaba los cheques. Posteriormente, el agente provincial, en complicidad con otros imputados y de manera fraudelenta, buscaba apoderarse del dinero erogado por el Estado provincial.
