Finalmente ayer el ex gobernador de Tucumán y dirigente petrolero Julio Miranda se negó a declarar ante la Jueza Federal de Caleta Olivia Marca Yánez., en la causa que se lo investiga - junto a otros dirigentes de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles de la República Argentina – por el vaciamiento del sindicato petrolero y gas privado de Santa Cruz, durante su última intervención.
Miranda llegó el jueves 24 a la sede del juzgado acompañado por su abogado y en presencia de la magistrado, hizo "uso de su derecho" y no declaró, aunque de este modo dejó de lado la posibilidad de "defenderse" en una causa en la que está imputado y con una acusación firme.
Vale recordar que Miranda, quedó al frente del la Federación petrolera en marzo, cuando el entonces titular de la entidad Roberti pidió licencia extraordinaria con goce de sueldo. Tras la muerte de Roberti, el tucumano asumió la conducción plena de la Federación. En cuanto a la causa es importante señalar que la muerte de Roberti no aligera las cosas para Miranda, quien junto a David Castro - Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo y Tesorero de la Federación – son los principales sospechosos de malversación y presunto lavado de activos.
Numerosas seríanl as pruebas en su contra, que incluirían cientos de cheques firmados, libros contables y otra documentación que la Justicia recogió e l 11 de mayo de 2017, cuando se allanó por primera vez la sede de la Federación, en calle Caseros 715 de Buenos Aires.
Auditoría
Además una auditoria que se cumplió apenas asumió Claudio Vidal como Secretario General de Peroleros de Santa Cruz, permitió agregar elementos de prueba y sumar documentos que incriminarían no solo a los dirigentes nacionales, sino también a algunos dirigentes que estuvieron en el sindicato durante el periodo que duró la intervención.
Investigación
Un elemento que fue la punta del ovillo para avanzar en las sospechas de vaciamiento, fueron las Cartas Documentos – muchas de ellas firmadas por Roberti y Julio Miranda – en donde le pedía a las empresas que operaban en yacimientos de Santa Cruz que depositaran el descuento de afiliación a las cuentas de la Federación. A partir de ese dato, se avanzó para determinar que serían mas de 300 las grandes y pequeñas empresas que fueron víctimas de esta maniobra.
