El 16 de abril vencerá el plazo para que las personas residentes en Argentina con fortunas superiores a 200 millones de pesos presenten sus declaraciones juradas para pagar el denominado “Aporte Solidario y Extraordinario”. Sin embargo, hasta el momento solo lo ha hecho el 10%.
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La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, confirmó que a ocho días de terminar el plazo, el organismo recaudador cuenta con “declaraciones completadas por casi 30.000 millones de pesos, un 10% del total que se proyectaba recaudar”.
Como muchos contribuyentes esperan hasta último momento para realizar sus presentaciones, Marcó del Pont aún espera que el aporte tenga “un elevado nivel de cumplimiento”.
Máximo Kirchner y Carlos Heller, ambos diputados del Frente de Todos e impulsores de la iniciativa, habían previsto e informado que las proyecciones eran de una recaudación superior a los 300.000 millones de pesos.
En marzo, la AFIP había habilitó la posibilidad de cancelar el Aporte Solidario y Extraordinario a través de un régimen de facilidades de pago. El organismo estableció que las personas alcanzadas podrían optar entre el 23 de marzo y el 28 de abril, inclusive, por realizar un anticipo del 20% de la deuda consolidada e ingresar el saldo resultante en cinco pagos mensuales y consecutivos.
El plazo inicialmente establecido para que los contribuyentes presentaran la declaración jurada era el 30 de marzo. Pero al llegar ese día, oficializó la decisión e extender el plazo hasta el 16 de abril, inclusive.
Esa extensión de plazo la había hecho porque entidades empresarias como la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio solicitaron una prórroga.
No obstante, aclararon en ese momento, que las fechas correspondientes al plan de facilidades de pago de hasta cinco cuotas con un desembolso inicial del 20% no se modificaron.
En el medio, algunos empresarios que se ven afectados por el aporte al fisco fueron a la Justicia para intentar evitar el pago, por considerar que se trata de una medida que afecta el derecho a la propiedad.
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Marcó del Pont dijo este viernes que “genera vergüenza ajena” que las personas con los patrimonios más altos del país vayan a la justicia para intentar evitar hacer un aporte solidario en el marco de la crisis y la pandemia.
“No nos olvidemos de que el destino de lo que se recauda es la compra o elaboración de equipamiento médico, son subsidios a las pequeñas empresas, recursos las becas Progresar y fondos para la urbanización”, dijo la funcionaria en declaraciones a la radio porteña Futurock.
Quién debe pagar este impuesto
El Aporte solidario y extraordinario alcanza a personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Las estimaciones indican que existen 13 mil personas que se tendrían que ver afectadas.
“La riqueza no sale de un repollo; es verdad que surge del esfuerzo del capital, de quien lo tiene, pero también de un país que aporta la educación pública, la salud pública, los derechos”, sostuvo Marcó del Pont.
Por otro lado, reconoció que el oficialismo y el Gobierno sabían que una porción de las personas alcanzadas iba a recurrir a la justicia para intentar no pagar el aporte. Pero aclaró: “Tenemos todos los recursos y herramientas desde la AFIP, sabemos que no es inconstitucional, que no hay doble imposición, que son chicanas para no pagar”.
