Quiénes son, cuánto trabajan y cuánto dinero manejan los legisladores son preguntas siempre presentes en el común de la sociedad y no siempre respondidas del todo. Para mejorar el control ciudadano, un grupo de organizaciones civiles midió el nivel de transparencia en la región y concluyó que el Congreso argentino tuvo avances, pero todavía no difunde toda la información deseada.
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El Parlamento nacional pasó del noveno al sexto lugar en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, un relevamiento realizado por 32 organizaciones no gubernamentales sobre 13 países de la región.
Los resultados de la medición fueron dados a conocer en un encuentro virtual del que participaron representantes de la Fundación Directorio Legislativo, CIPPEC, ACIJ y Poder Ciudadano, además de funcionarios de ambas Cámaras.
A cada país se le otorgó un puntaje que va de 0 (no transparente-cerrado) a 100 (transparente-abierto) según los niveles de transparencia presentes en la legislación vigente, en la función legislativa, en el manejo de los recursos y en la participación ciudadana.
A nivel general, la conclusión del estudio fue preocupante: la media regional obtenida es de apenas el 39,6%, cuando en 2018, el año de la última medición, el promedio había sido del 58,9%.
“Esta nueva medición evidenció que los congresos de América Latina aún no cumplen con la apertura y transparencia deseables, dado que los resultados arrojaron una caída en el promedio regional”, advirtió la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.
Chile fue el país que obtuvo el mayor puntaje, con 59,6%, y Venezuela fue el peor evaluado, con un 16,3%. En rigor, todos los países que fueron evaluados en 2018 obtuvieron un resultado más bajo en este último relevamiento, aunque el Congreso argentino fue el que menos cayó.
El resultado en Argentina
Argentina, que en la última medición se había ubicado en noveno lugar con un 46,84%, ahora quedó sexta con un 44,2%, por debajo de Chile, Costa Rica, Colombia, Paraguay y México, y por encima de Guatemala, Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia, Honduras y Venezuela.
“En términos generales, el nivel de transparencia del Congreso nacional resulta insatisfactorio ya que no logra el umbral del 50% esperado para el índice”, consideraron las organizaciones en el documento, de 234 páginas.
Los peores resultados se vieron en el manejo de los recursos, ya que hay muchos datos que no se publican, como la nómina de trabajadores contratados; otros que están desactualizados, como las dietas de los legisladores y las becas y subsidios que otorgan; y otros que, simplemente, son de difícil acceso.
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Argentina también podría mejorar su performance si contara con una “ley de lobby” que permita conocer cuándo y con quiénes se reúnen los legisladores. Esto es clave y se ve, sobre todo, en debates que tocan intereses: diputados y senadores reciben en sus despachos a muchos actores, pero no hay un registro público de esos encuentros porque no existe una obligación legal de difundirlos.
Asimismo, hay poca información sobre los perfiles de los legisladores: no todos tienen publicado su currículum, y muy pocos presentan un informe de gestión al finalizar sus mandatos. Para evaluar cuánto trabajó un diputado o un senador se puede verificar su asistencia a las sesiones, pero no a las comisiones; ese dato está oculto.
Otro reclamo de las organizaciones es designar al titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Congreso, que se creó hace dos años. Hoy se pueden realizar consultas por separado ante cada Cámara, pero no hay un director que haya sido nombrado en un proceso abierto y participativo.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires
