Cristina Kirchner y Sergio Massa recibieron esta tarde un informe elaborado por la Comisión Bicameral de control de organismos de inteligencia, en el que se evaluó la creación y desempeño de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejo y Crimen Organizado (DAJuDeCO). Según expresó el diputado nacional Leopoldo Moreau, este organismo creado para supervisar escuchas telefónicas tramitadas en distintas causas judiciales “se convirtió en un instrumento, que con la participación de servicios de inteligencia y con amplia cobertura mediática, facilitaron la persecución de personalidades con representación política e institucional de la Argentina”.
La vicepresidenta de la Nación, como cabeza del Senado, y el presidente de la Cámara de Diputados, encargaron a la comisión la fiscalización de la DAJuDeCO. Se trata de la oficina de escuchas telefónicas que el gobierno de Mauricio Macri, por Decreto de Necesidad y Urgencia, traspasó de la Procuración a la órbita de la Corte Suprema de Justicia.
La investigación sostiene que el organismo creado para supervisar las escuchas telefónicas, luego de que estas fueran traspasadas a la Corte, se transformó “en una herramienta para la persecución penal”.
Moreau mencionó que “para la elección de quienes iban a conducir la nueva oficina de escuchas, el DNU establecía un sorteo entre jueces penales para designar a sus autoridades. Nuestros técnicos requirieron información sobre ese sorteo pero el acta no apareció, no existe”.
El informe señala que luego del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el gobierno anterior a poco de asumir, se constituyó la D.A.Ju.De.Co, y lejos de “ser una instancia de apoyo administrativo a pedido de los magistrados en determinadas causas, se transformó en una herramienta del máximo tribunal de Justicia de la Nación para supervisar la persecución penal del poder jurisdiccional”.
También se sostiene que “el campo de acción del nuevo organismo se definió a través de acordadas de la Corte que sustituyeron las facultades del Congreso de la Nación, ya que la creación de esta verdadera policía judicial entra en el terreno de la organización de la Justicia Federal Penal, tarea que le corresponde al Parlamento”.
Entre lo que denomina “vicios de origen” de la DAJuDeCO, el informe de la Bicameral afirma que “sus Directores Generales, a la sazón, camaristas federales, como son los casos del Dr. Martín Irurzun o el Dr. Javier Leal de Ibarra, actuaron en causas en las que participó de manera directa el organismo que ellos dirigían”.
La Bicameral sostiene que “hubo filtraciones periodísticas de escuchas telefónicas que tuvieron amplia repercusión pública” y que “también sirvieron para que un fiscal (por Carlos Stornelli), que actualmente se encuentra procesado por instar actividades de espionaje ilegal, iniciara causas sobre supuestos delitos que resultaron ser falsos”.
El informe subraya que el doctor Martín Irurzun, titular de la D.A,Ju.De.C.O, “entregó de manera indebida, regrabaciones de escuchas al Dr. Claudio Bonadio para que las incluya en una causa que nada tenía que ver con el origen de las mismas”.
El trabajo también critica la designación del Dr. Martín Irurzun como titular de la DAJuDeCO. Sostiene que “hubo una serie de irregularidades en su nombramiento y que ni el organismo, ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pudieron entregar a la Bicameral el acta de sorteo con la que se definió el cargo”. En el listado de irregularidades le suman que “a pocas horas de vencer su mandato de un año, se prorrogó la designación de Irurzun por tres años más a través de otro DNU”.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires
