Según se conoció, el Gobierno pondrá en marcha en los próximos días su mayor apuesta para cambiar el funcionamiento del Estado: la creación de una universidad para empleados públicos, como la llaman en la Casa Rosada, que modificará la carrera de los trabajadores del sector hasta el punto de penalizar a quienes no mejoren su formación a lo largo de los años. "Premiar con incrementos salariales por encima de la inflación a quienes mejoren su capacitación mediante el estudio", explicó La Nación en un artículo.
La regla valdrá tanto para los empleados de nivel básico como para quienes tienen puestos de mayor jerarquía dentro de la carrera estatal y constituyen la conducción más permanente del sector público, debajo de la cambiante conducción política. El pedido lo hizo el presidente Mauricio Macri en el 2016 y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, será el responsable de esta medida.
"Queremos crear una universidad pública que esté compuesta por programas que tengan que ver con itinerarios formativos en la carrera del empleado del Estado", dijo Ibarra. "¿Se imaginan ir a una oficina pública y que los atienda un empleado comprometido y formado?", se entusiasmó el ministro.
El Gobierno espera que este año pasen por esa escuela unos 85.000 empleados de la administración central. Y el objetivo es que en el corto plazo la totalidad de los miembros de la administración central, una plantilla que cobra un sueldo bruto promedio de $ 30.000 mensuales, asistan a los cursos de capacitación.