Equidad en el esfuerzo entre la Nación y todas las provincias, más garantía de inalterabilidad del presupuesto social para 2019.
Esta es la fórmula sobre la que gran parte de las provincias gobernadas por la oposición, Córdoba entre ellas, están dispuestas a hacer realidad el compromiso que anticiparon sus gobernadores en función de reducir el déficit fiscal al 1,3 por ciento del producto bruto interno (PBI) el año próximo en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La fórmula empezó a tomar forma este martes en la Casa de Entre Ríos porteña, durante un encuentro que reunió a los ministros de finanzas de once provincias (incluido el cordobés, Osvaldo Giordano), como continuidad de la que en el mismo lugar habían sostenido una semana antes los gobernadores cordobés Juan Schiaretti; el anfitrión y entrerriano Gustavo Bordet; el chaqueño Domingo Peppo; la fueguina Rosana Bertone y el salteño Juan Urtubey.
A diferencia de sus gobernadores, que se habían reunido también para antes almorzar de cara al televisor que transmitía Argentina-Nigeria, esta vez no hubo ni almuerzo ni televisación. Pero sí, en cambio, dos datos políticos sobresalientes: un número sumamente mayor al de los convocantes iniciales y la participación, entre ellos, no sólo de peronistas "dialoguistas" sino también de un "díscolo" (el ministro el gobierno pampeano de Carlos Verna), y de un opositor no peronista (el del socialista santafesino Miguel Lisfchistz).
Se trató, en definitiva, de un primer paso hacia la conformación de una masa crítica, unificada en torno a criterios por ahora comunes y de cara a la negociación aún no abierta por el Gobierno nacional para la elaboración del Presupuesto 2019 que tiene que presentar antes del 15 de setiembre.
Buscan así neutralizar cualquier intento de la Rosada de negociar bilateralmente, después de hacerlo con los gobernantes oficialistas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Sobre las administraciones de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal recaerían los costos económicos (y políticos) de los reclamos a partir de los cuales los gobernadores de las provincias reunidos están dispuestos a contribuir a la baja del déficit comprometido con el FMI.
No hubo un documento final de la reunión en la que participaron los ministros de: Entre Ríos, Córdoba, Salta, La Rioja, Chaco, Tierra del Fuego, Formosa, San Juan, Catamarca, La Pampa, y Santa Fe, más equipos técnicos de los bloques de Argentina Federal en el Senado y en Diputados.
Los encargados de informar a la prensa sobre la reunión fueron Giordano, su par entrerriano Hugo Ballay y el jefe de Gabinete salteño, Fernando Yarade.
Los tres coincidieron en rechazar de plano el interés de esas provincias de incidir sobre políticas de mayor recaudación en función de reducir el déficit (cambios en retenciones, gravar grandes capitales, impuestos indirectos al turismo).
“Es una facultad del Gobierno nacional, del mismo modo que el acuerdo con el FMI, aun cuando comprometa al próximo gobierno”, dijo el entrerriano ante una consulta de este diario acerca de si debería ser aprobado por el Congreso. “Lo que nos importa es defender los recursos que sostienen nuestros presupuestos y que tenemos riesgo de no contar con ellos, después de que empezamos a buscar el equilibrio (durante los primeros seis meses de este año de aplicación del Acuerdo de Consenso Fiscal)”.
Ballay abundó al respecto: “Primero se aprobó el Presupuesto 2018, dos meses después el Consejo y ahora, tras seis meses de ejecución real, hay que revisarlo”.
Los ministros acordaron en dos puntos centrales, que elevarán a los gobernadores, para la hora en que sean convocados por la Rosada. El primero de ellos tiene que ver con que no están dispuestos a resignar recursos que la Nación les envía para el gasto social: en 2018, 41 mil millones de pesos: 33 mil del Fondo de Incentivo Docente y 8 mil para el sector salud. Tampoco en lo que hace a los 5 mil millones de pesos para obras públicas.
“La decisión que ya manifestaron los gobernadores es acompañar al Gobierno nacional en este momento difícil, pero un punto de partida básico es la equidad”, apuntó el cordobés Giordano. Y abundó sobre la primera condición para ese acompañamiento: “Si se va a revisar el gasto público nacional, la prioridad -y en eso hubo coincidencia en todos los que participamos de la reunión- es que todo este gasto que hace la Nación en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y que no lo hace en el resto del país, ante todo, hay que revisarlo”.
Giordano dejó en claro que esa es la condición para "poder avanzar luego en otros temas". Se trata del traspaso a los gobiernos porteño y bonaerense de los subsidios a los servicios de electricidad (Edenor y Edesur) y de agua potable (Aysa), fundamentalmente, como también al transporte, seguridas y justicia ordinaria. "Ante todo hay que resolver esa enorme inequidad", dijo. Se trata de unos 80.009 millones de pesos (0,63% del PBI), sin contabilizar las dos empresas distribuidoras de electricidad ("no es posible cuantificarlos porque ha habido cambios respecto del Presupuesto 2018", dijo Giordano).
Los ministros no avanzaron, en cambio, sobre modificaciones en el cronograma de reducción de impuestos provinciales (ingresos brutos y sellos) comprometido en el Consenso Fiscal, y menos aún en la suspensión de su implementación. No quisieron hacerlo porque esos compromisos de disminución difieren entre las provincias, aunque Giordano reconoció que “es pertinente una revisión”.
