El juez Julián Ercolini extendió por seis meses más la veeduría sobre los hoteles de la familia Kirchner en el Sur, los cuales podrían terminar intervenidos tal como pidió el fiscal Gerardo Pollicita y la ex diputada Margarita Stolbizer.
Se trata del hotel Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén. Este último permanece cerrado.
Según informaron fuentes judiciales a Clarín, se detectaron irregularidades administrativas por lo que se "se analiza la intervención" para un tener un "mejor control sobre los movimientos".
Los emprendimientos hoteleros de Cristina Kirchner, los cuales heredó a sus hijos Florencia y Máximo, están bajo investigación y fueron fuente de ingresos millonarios garantizados por Lázaro Báez.
De esta manera, todos confluyen en dos causas que incluyen tres de los hoteles: Los Sauces SA, donde fueron procesados por lavado de dinero y asociación ilícita; y Hotesur SA, donde solo fueron indagados por lavado.
Para el fiscal Pollicita, intervenirlos es la medida cautelar "más adecuada" para "desplazar a los titulares que se encuentran sospechado de lavado de dinero" y así, "procurar una efectiva fiscalización de la actividad de las firmas".
