El Gobierno anunciará "en las próximas semanas" la estatización de la administración de "una cantidad" de rutas nacionales por detectar que las empresas concesionarias no estaban cumpliendo con sus compromisos de inversión y mantenimiento de la infraestructura.
La primera ruta en volver a manos del Estado para ser administrada por Vialidad Nacional será la 34 General Martín-Miguel de Güemes, que nace en Santa Fe, pasa por Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, para terminar nuevamente en Salta, con una extensión de 1.488 kilómetros.
El presidente Alberto Fernández le ordenó a su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que realice auditorías para determinar en qué está están las rutas y también el resto de las obras de infraestructura que cuentan con algún grado de financiamiento nacional.
Fuentes oficiales indicaron a este medio que en ese marco fue que horas antes de que se inicie el éxodo masivo por las vacaciones, el gobierno nacional decidió a fines de diciembre suspender el aumento en las tarifas del peaje de las rutas y autopistas nacionales que estaba previsto aplicarse a partir de enero y que, en el caso de algunas trazas, superaba el 180% de incremento.
Según contó Katopodis esta mañana en declaraciones a radios porteñas, las auditorías arrojaron que seis de cada diez obras públicas nacionales están paralizadas desde 2019, algunas hace más de un año y otras desde hace dos años.
En el caso de AYSA, la empresa estatal que construye redes de agua potable y cloacas en la Capital Federal y 24 partidos del Gran Buenos Aires, la parálisis alcanza al 80% de las obras que habían sido puestas en marcha o estaban proyectadas para 2019.
“Los gobernadores e intendentes que me vienen a ver ni siquiera traen pedidos para nuevas obras. Vienen y plantean que por favor hagamos lo posible para reactivarles las obras que quedaron abandonadas hace tres o seis meses, un año o hasta dos años”, dijo Katopodis.
Para reactivar las obras, el Gobierno afectará recursos extraordinarios en el marco de las facultades que le da la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, por lo que pondrá en marcha planes por unos 10.000 millones de pesos.
Entre algunas de las obras nacionales que están paralizadas se cuenta, por ejemplo, el acueducto para más de 500.000 personas en Chaco y las obras hidráulicas en el partido bonaerense de Merlo para evitar inundaciones a 800.000 personas.
También están paralizadas las obras en las autovías 7 y 8, claves en el corredor bioceánico. “Estas obras las tenemos que volver a poner en marcha”, aseguró el funcionario.
Rutas nacionales y PPP
El ministerio de Obras Públicas está desarrollando una auditorias sobre el estado de las rutas nacionales y en las próximas semanas se anunciará la estatización de "una cantidad determinada", por el avanzado estado de deterioro y porque las concesionarias no estaban cumpliendo con sus planes de inversión.
“Vamos a ir revisando caso por caso, queremos ser cuidadosos, pero también muy firmes: empresa que no cumple con las concesiones, inversiones y mantenimiento de las rutas, son rutas que van a ser absorbidas por el Estado”, dijo Katopodis.
Esas rutas pasarán a ser administradas por Vialidad Nacional, un organismo que, según el funcionario, va a ser fortalecido para que vuelva a cumplir el rol que en los últimos cuatro años fue perdiendo.
“Se están estudiando todas las concesiones y en las próximas semanas se anunciará la cantidad y la identificación de qué rutas van a pasar a manos del Estado, pero la Ruta Nacional 34 es una de ellas”, afirmó el ministro en diálogo con Radio Provincia.
Según datos preliminares de las auditorías, el gobierno de Mauricio Macri venía pagando en torno a unos 4.000 millones de pesos en subsidios a las empresas concesionarias de las rutas.
“Pero lo que ha habido es poca inversión, poca claridad en las licitaciones y los compromisos de inversiones y hay un deterioro notable en las rutas nacionales y provinciales”, sostuvo.
También precisó el funcionario que el Gobierno no continuará con nuevas licitaciones en el marco del sistema de Participación Público Privada (PPP) que había intentado impulsar la gestión Macri. “Es un mecanismo que claramente fracasó, fue una ficción”, opinó Katopodis.
Y dijo que no hay ninguna obra vinculada a las PPP que se haya ejecutado. “Se está haciendo una auditoria muy rigurosa y se va a anunciar en unos días cuál va a ser la decisión respecto a esas obras”, añadió.
Corrupción
Katopodis consideró en diálogo con radio La Red que en la medida que se encuentren irregularidades que ameriten denuncias, el Gobierno irá a la Justicia para que los responsables rindan cuentas, como hizo el macrismo con el kirchnerismo en 2016.
Pero aclaró que el nuevo Gobierno instrumentará un programa de transparencia que permita cruzar la información de todas las obras públicas nacionales, se creará una unidad de transparencia interna y un Observatorio Federal de Contratación de Obra Pública externo.
Según Katopodis, el pedido del presidente Fernández es que la totalidad de los datos sobre licitaciones, oferentes y ejecución de cada uno de los proyectos sea pública, para que todos los ciudadanos puedan hacer un seguimiento.
"Claramente no puede haber corrupción. Las obras públicas son de todos, son las obras que tenemos que poder ejecutar y garantizar con absoluta transparencia", afirmó el funcionario nacional.
Opinó que todo lo que tenga que ser investigado por la Justicia, tiene que serlo. “La Argentina necesita transparencia y también juicios justos. En el Gobierno anterior ninguna de las dos cosas se garantizaron. Y en mi caso en particular, voy a tomar todas las decisiones que hagan falta para que toda la obra pública sea transparente”, aseguró.
