Con el voto favorable en Diputados las retenciones agropecuarias se incrementarían un 3 % tal como está establecido en el megaproyecto de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Ahora es el turno de que vote el Senado.
Con esta Ley de Emergencia Econímica las retenciones a la soja pasarían a ser del 33 % y las de otros granos del 15%, según detalla Clarín. Entre los 84 artículos tratados, se encuentran el 48, 49 y 50.
Estos, luego de 19 horas de debate, obtuvieron 129, 132 y 130 votos afirmativos, y 107, 102 y 106 negativos respectivamente y de esta manera se le otorgó facultades al Poder Ejecutivo para fijar alícuotas con los topes antes mencionados.
Además el artículo 49 "prohíbe superar el 5 % de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo Nacional", al igual que las alícuotas de los derechos de exportación para bienes industriales y para servicio. Esto abarca desde carnes y quesos hasta maquinaria agrícola.
"Los derechos de exportación se reducirán para bienes cuya producción implique un mayor agregado de valor a partir de los insumos utilizados y el PEN desarrollará políticas de estímulo para los productores", se detalla.
Un 8 % es el tope de los derechos de exportación para la minería y los hidrocarburos. Fue en este tramo del debate cuando la diputada Elisa Carrió pidió que la alícuota de las retenciones al campo se reduzcan a un tope del 8 % y para minería e hidrocarburos a un 30 %.
"El campo, que da trabajo en toda la Argentina, va a financiar a las corporaciones que saquean y dejan sin agua a los pueblos del interior?", fueron las palabras de Carrió pero esto no fue aceptado por la mayoría.
También se estipuló que el 67 % del valor incremental de los derechos de exportación será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y a las preataciones del PAMI.
Un 3 % se destinará a la creación de un Fondo Solidario de Competitvidad Agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas. Esto "será administrado por el Ministerio de Agrocultura, Ganadería y Pesca". Las prerrogativas concedidas al Poder Ejecutivo regirán hasta el 31 de diciembre de 2021.
