La Justicia Viedma suspendió, sin fecha, la continuación del operativo de retiro de casillas precarias en la toma "2 de Enero" ante un pedido del defensor oficial de constatar la cantidad de habitantes con que cuenta el sitio ocupado a un terreno privado.
Se acordó por iniciativa del fiscal Guillermo González Sacco, como lo había pedido antes del primer desalojo el defensor Pedro Vega, verificar el número debido a que existen dudas sobre las familias que ocupan fehacientemente el lugar y no tienen donde reubicarse. Al parecer serían nueve casos, y no tres como se mencionó en un principio, y antes de tomar una nueva decisión, se concretará una audiencia con la intervención del municipio.
La nueva gestión, ante el fallecimiento del intendente José Luis Foulkes, se comprometió a contener los casos de indefensión social. El nuevo intendente interino Mario Franccioni, hubo algunos cambios conceptuales como para atender la situación de vulnerabilidad, con lo cual generó un importante revuelo que favoreció a los ocupantes.
Una de las primeras medidas de Franccioni fue indicarle al subsecretario de Gobierno, Leandro Massaccesi, que la Municipalidad de Viedma no brindará más colaboración en el retiro de casillas o remoción de materiales. La nueva gestión informó que el uso y aporte de maquinaria, del pasado 23 de agosto, al Ministerio Publico Fiscal, fue autorizada de manera inconsulta por el entonces secretario de Gobierno en uso de licencia, Pedro Sánchez quien dejó el cargo al ser candidato a concejal por el radicalismo.
Frente al violento operativo de la semana pasada de pasar la topadora en forma parcial, la CGT Zona Atlántica rechazó la violencia institucional empleada y pidió a los poderes legislativos de la provincia de Río Negro y capital rionegrina que tomen cartas en el asunto.
Requirió además a los representantes del pueblo, concejales y legisladores, que generen políticas públicas que den respuesta a esta problemática con carácter de urgente, denunciando paralelamente la ausencia de los tres estados: Nacional, pero principalmente de la provincia de Río Negro y Municipalidad de Viedma.
La CTA Autónoma se sumó al repudio acusando a la autoridad local que respondía a la gestión de Cambiemos, que debería ser la que garantice el acceso a la tierra y a la vivienda, y "se pretende fundamentarlo en el accionar de la 'justicia'" en vez de buscar una solución para las familias allí instaladas que contribuyó al despojo y a la judicialización de los ocupantes.
También cuestionó al saliente Sánchez porque accede a condenar "ocultando las condiciones de vulnerabilidad social de estas familias". Por otro lado, insistió en que la prioridad del municipio debe ser tener una política habitacional acorde a la demanda social de cientos de familias de la ciudad, y no recurrir frente a situaciones de emergencia como esta al uso de topadoras poniendo en riesgo la seguridad y la integridad de las personas. Según publicó Río Negro.
