Sin lugar a dudas el Decreto que concebía la medida de corte fiscalista, y con la única finalidad de derivar recursos públicos del bolsillo de la familia a la aplicación de un modelo económico que descarga su peso sobre la sociedad, nos deben mantener en estado de alerta.
En este caso, debo felicitar el esfuerzo realizado desde distintos ámbitos de la Provincia, comenzando por la Sra. Gobernadora, gremios, municipios, para revertir la medida y particularmente, por su relevancia y peso institucional.
Destacar, el dictamen del fiscal federal de Ushuaia, Juan Soria, quien se pronunció a favor de un amparo presentado contra el decreto que recorta asignaciones familiares para la Patagonia que fue presentado por una mamá afectada por la medida, y acompañado por el secretario general de UTHGRA Seccional Tierra del Fuego y por el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, en representación del Gobierno provincial.
A todas luces resulta inadmisible, esta vez desde una visión de la organización del estado de derecho, que el decreto en cuestión, haya pretendido eliminar fácticamente, los coeficientes zonales impuestos por el art. 19 de la Ley nacional 24.714.
Esto obliga al ejecutivo, al momento de determinar los montos, se tenga en cuenta los "mayores costos" que implica residir en determinadas zonas geográficas, además de carencias logísticas, factores climáticos o la falta de acceso a determinados servicios básicos. Para ello, incluso, se refiere específicamente a la región patagónica y a otras regiones del norte del país.
Aquí es necesario que abramos un paréntesis, porque los tiempos que vienen son muy duros como consecuencia de la marcha avasallante de un poder central que soslaya nuestro sistema federal. Lo hemos visto a lo largo de estos últimos tiempos, y lo más grave, es que lejos de atenuarse se ha vigorizado.
Trabajemos sobre la base de esas coincidencias porque tenemos una gran responsabilidad ante los tiempos que se avecinan.
