Este viernes, la Justicia de Santa Fe imputó a una joven de 23 años tras ser acusada de haber visitado en 37 oportunidades a un preso con un DNI robado a su titular en 2021. También, fue señalada por utilizar el documento para conseguir créditos que nunca los pagó.
La joven, cuyas iniciales son C,M,S fue acusada de “uso ilegítimo de documento correspondiente a otra persona, estafas reiteradas y utilización de documento público falso”, como así también “partícipe principal de falsedad ideológica”.
La fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público aseguró que la mujer utilizó el DNI en 37 oportunidades para visitar al recluso
Según la fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la mujer aplicó el DNI robado para hacer el trámite de documento certificado por escribano, el cual fue utilizado en ocho ocasiones para ir a la cárcel con la hija -que es menor de edad- del detenido.
Gustavo Urdiales fue el juez encargado de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Por el momento, no se sabe cuál será la condena, ya que se tendrá que definir en una audiencia de medidas cautelares prevista para este viernes.
“El DNI que la imputada presentaba ante las autoridades penitenciarias había sido sustraído a otra mujer en febrero de 2021″, indicaron las fuentes. Luego, revelaron que “entre el 30 de mayo de 2022 y el lunes pasado, la investigada fingió ser la propietaria del DNI sustraído. Lo hizo en 37 oportunidades en las que ingresó a la cárcel de Las Flores para visitar a un hombre que está alojado en ese establecimiento penitenciario”.
Además, con la identidad falsa, la mujer estaba registrada como pareja del detenido. El 26 de agosto de 2022, la imputada introdujo datos falsos que corresponden a la titular del DNI “en un instrumento público que fue certificado por un escribano”, detallaron desde MPA.
Por último, la fiscalía comunicó que “la investigada insertó datos falsos en formularios de solicitud de préstamos y, a raíz del engaño, logró aprobación para recibir el dinero requerido”, lo que derivó en un “perjuicio económico a la titular del DNI”.
