La diputada provincial santafesina, Amalia Granata, presentó un proyecto para que no se le cobre los honorarios profesionales para constituirse como querellantes a víctimas de ataques sexuales y violencia de género.
Concretamente, se plantea modificar el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe en el que se establece que las costas y costos (es decir, honorarios y gastos) del proceso son, en general, soportadas en el orden causado. Cuando el querellado es encontrado culpable del ilícito penal, debe además afrontar las costas de las mismas. Sin embargo, si éste resulta insolvente, el abogado puede cobrarle al querellante.
“Este proyecto no busca la gratuidad del servicio, sino una modificación respecto de sobre quién pesa el deber de soportarlos en determinados procesos penales originados en delitos particularmente aberrantes”, aclaró Granata y agregó que este proyecto surge a partir del femicidio de Vanesa Castillo, y de allí que la ley propuesta lleve como “título” su nombre.
Cabe recordar que Vanesa fue asesinada el 15 de febrero de 2018, en inmediaciones de la escuela Victoriano Montes, en Alto Verde. El autor del homicidio, Juan Ramón Cano de 34 años, fue condenado (en primer y segunda instancia) a prisión perpetua. Resultando la condena penal, se le cargó a Cano con las costas y costos del proceso. Pero como fue declarado insolvente, la propia querella debió pagar los honorarios de sus profesionales.
Silvia Castillo, hermana de la víctima manifestó que realizó una colecta ciudadana para poder afrontar los honorarios, a la que se sumó el gremio Amsafe (Vanesa era docente) y el Estado Provincial, ya que no podía hacer frente ella por sí sola a dichos pagos.
“En resumidas cuentas, buscamos garantizar que el patrimonio de la víctima permanezca indemne y, a su vez, se garantice el cobro de honorarios a los profesionales del derecho, pero siendo otro sujeto quien cargue con los mismos”, cerró.
