En marzo del 2017 los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí llevaron a la Justicia una mega causa que involucraba al ex gobernador José Luis Gioja. La investigación de los letrados era por sobreprecios. Según consta en la denuncia, el gobierno de Gioja pagó por la ART de los empleados públicos provinciales $42 millones mensuales al Instituto del Seguro de Entre Ríos. Por el mismo servicio, en la gestión de Sergio Uñac se llamó nuevamente a licitación y se consiguió pagar $15 millones por la cobertura. A casi dos años de la denuncia y el último día hábil de trabajo en Tribunales, el juez Pablo Flores decidió archivar la causa.
La causa investigaba una presunta defraudación a las arcas del Estado con la contratación directa del seguro para empleados públicos. La denuncia no sólo se basaba en el dinero que se le pagaba al Instituto del Seguro de Entre Ríos sino también porque no se llamó a licitación.
Tras la denuncia realizada en Tribunales, Gioja brindó una conferencia de prensa en la que dijo: "Se le paga a una ART en función del índice de siniestralidad. San Juan por resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación en dos oportunidades fue considerada como "empresa de alta siniestralidad", tanto el Poder Ejecutivo como la Policía de San Juan. Por ende, las alícuotas siempre se modifican en función a la siniestralidad de la masa de trabajadores. La administración central en el último período de mi gobierno pudo salir de empresa de alta siniestralidad y eso impacta en cualquier contratación posterior porque las ART van a cotizar menos porque no tienen un índice de siniestralidad como el que tenían antes".
El juez Flores determinó tras dos años de investigación que no existió delito y sobreseyó a los apuntados, entre los que se encontraba el ex secretario de la Gobernación, Walter Lima. En caso de que los abogados que presentaron la denuncia consideren que la investigación debe continuar, tienen la chance de apelar. Aún no se expidieron sobre el tema.
