La situación judicial del exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, es cada vez más complicada. Obligado, mediante una intervención aprobada por las cámaras de diputados y senadores de la provincia, a dejar su cargo frente al municipio por estar involucrado en el robo de caños del gasoducto NEA, el político fue imputado por malversación de caudales públicos e incumplimiento de sus deberes como funcionario público.
Prado fue jefe comunal de Aguaray durante 10 meses, ahora el cargo está en manos del interventor, Adrián Ariel Zigarán, quien denunció públicamente el estado de endeudamiento que dejó el exintendente en el municipio salteño. La causa está en manos de fiscal de Salvador Mazza, Armando Cazón.
"Prado recibió en diciembre de 2019 un municipio totalmente saneado y con depósitos bancarios que alcanzaban los 7.900.000 pesos. Diez meses más tarde y al ser intervenido, el déficit es de 19 millones de pesos, sin que aún se hayan determinado los compromisos que dejó mediante la emisión de cheques diferidos, que tendrán vencimiento en los próximos meses", detalló Zigarán a medios locales.
Por su parte, el contador Diego Argañaraz, responsable de organizar el área financiera y contable de Aguaray, explicó a El Tribuno precisó que "es evidente que la gestión del exintendente hizo una disposición exagerada en cuanto a egresos y que sobrecargó los gastos. "Era una administración muy desordenada", remarcó.
