Aylén Barrera Arciniega
La Justicia de Salta imputó a nueve personas acusadas de integrar una red de trata que explotaba sexualmente a más de 30 niñas y adolescentes, captadas a la salida de distintos colegios de la capital provincial.
Según la investigación, el líder de la organización, un remisero, trasladaba a las menores de entre 12 y 16 años a un departamento, donde las ofrecía a clientes a cambio de 200 mil pesos, recompensándolas con dinero y regalos. Una vez que alcanzaban los 18 años, eran “descartadas”.
La primera denuncia se presentó en junio del año pasado, cuando la madre de una adolescente de 16 años descubrió que su hija tenía un celular de alto valor, sin saber cómo lo había conseguido. Al revisar sus mensajes, encontró una conversación de carácter sexual con un hombre mayor.
La mujer acudió a la comisaría, donde se identificó al hombre como un remisero que operaba en el sur de Salta con un Volkswagen Voyage, vehículo que utilizaba para trasladar a las menores. La Policía allanó su vivienda, secuestró su teléfono y lo detuvo con prisión preventiva por orden del juez.
Durante las pericias tecnológicas, los investigadores hallaron material de explotación sexual infantil. Ante la gravedad del caso, el Ministerio Público solicitó que el expediente pasara al fuero federal, al tratarse de un delito de trata de personas.
Actualmente, la causa se encuentra en el Juzgado Federal N°1, a cargo de Julio Bavio, con la investigación a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y su auxiliar Roxana Gual. Ambos solicitaron la imputación del remisero, así como de otras ocho personas que integrarían la red, entre ellas dos empresarios.
En la última audiencia, realizada a fines de diciembre, se describió que la organización operaba desde hace al menos dos años, actuando en las inmediaciones de colegios públicos y privados. Las adolescentes eran atraídas con regalos y luego trasladadas a hoteles alojamiento sobre la Ruta 26, donde ocurrían los abusos, o incluso a las casas de los imputados.
Durante el procesamiento, el fiscal detalló que las víctimas eran alumnas de cuarto y quinto año, quienes tenían “encuentros sexuales” a cambio de dinero. Además, precisó que existía una escala de precios según las prácticas sexuales, que oscilaba entre 60 mil y 200 mil pesos.
Los chats encontrados en los teléfonos de las jóvenes
Villalba ordenó una decena de allanamientos en la capital salteña, donde se secuestraron los celulares de los imputados. En esos dispositivos hallaron fotos y videos de menores, además de mensajes y audios de WhatsApp en los que las ofrecían a los clientes.
“Necesito una nena para una despedida de soltero”, decía uno de los mensajes peritados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El remisero respondió: “Tengo una chica de 16″.
En otros teléfonos también se registraban ofrecimientos para “una noche de aventura” o incluso “después de un partido de fútbol con los pibes”. A medida que los investigadores analizaban los mensajes, aparecía cada vez más material comprometedor.
Hasta ahora, se identificaron al menos 33 adolescentes que habrían sido explotadas sexualmente, aunque no se descarta que haya más víctimas, ya que se constató que una vez que cumplían 18 años, “eran descartadas”.
Aunque el fiscal general señaló al remisero como el fundador de la banda y quien recibía dinero por coordinar los servicios sexuales, no era el único encargado de captar a las menores. Los clientes también fueron imputados como parte de la red, ya que la mayoría de las adolescentes declararon que estos hombres “les pedían que consigan más amigas”.
La Justicia solicitó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, junto con el Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, quienes brindan asistencia psicológica a las víctimas. Actualmente, las adolescentes continúan declarando en distintas Cámaras Gesell.
En las últimas horas, el juez Julio Bavio aceptó el pedido de ampliación de la imputación penal contra los nueve acusados y extendió el plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026.
De los nueve detenidos, ocho están imputados como coautores del delito de trata de personas con fines de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, la minoridad, la cantidad de víctimas, el número de intervinientes y la consumación de la explotación. Cinco de ellos también están acusados de integrar una asociación ilícita destinada a promover y facilitar la prostitución.
Además, la fiscalía imputó la tenencia y distribución de material sexual infantil a seis de los acusados; la corrupción de menores a otro; el abuso sexual de una niña de 13 años a dos de ellos; y seis hechos de promoción y facilitación de prostitución agravada por tratarse de víctimas menores de edad a otros dos imputados.