El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, disparó contra “los escalones policial, judicial y político” que permitieron “al crimen organizado expandirse y diversificarse” en Rosario. Fue en su declaración como testigo en el juicio oral seguido al presunto jefe narco Estaban Alvarado y a otros seis miembros de la banda.
Sain fue convocado a declarar como testigo de los fiscales del juicio, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, por su participación en la investigación como director del Organismo de Investigaciones (OI), la policía judicial de Santa Fe. “El crimen organizado tiene altísima rentabilidad, pero los costos de producción y funcionamiento de esas organizaciones son escasos”, dijo el ex ministro, para agregar que “donde sí gastan mucho dinero es en comprar protección”.
Contó cómo a partir del desarrollo de la investigación fueron descubriendo a miembros de la fuerza de seguridad santafesina que “estaban subordinados” a la organización narcocriminal que Alvarado conducía desde la cárcel, mientras cumplía entre 2012 y 2018 una condena por robo de autos.
Según Sain, estructuras criminales complejas como la que se le achaca a Alvarado, “insumen una enorme cantidad de recursos para garantizar que el Estado no los persiga”. El exfuncionario dijo también que “acá en Rosario se dio algo particular con la policía, que se vio en el juicio a Los Monos, y es que se quebró la capacidad de regulación ilegal del Estado en el componente policial”.
Para el ex ministro, “las organizaciones comenzaron a controlar a sectores de la policía”, cuyos miembros “estaban subordinados a los líderes de la banda criminal”. “Esto habla de la crisis del Estado en Santa Fe y de la persecución penal, particularmente en la ciudad de Rosario”, abundó.
Durante su declaración, el actual asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación brindó detalles de la investigación realizada desde el OI, que permitió detener a Alvarado en un camping de la provincia de Córdoba el 2 de febrero de 2019, mientras estaba prófugo como presunto instigador de un asesinato.
Alvarado es juzgado desde fines de febrero junto a otros seis miembros de su organización criminal por dos homicidios, balaceras a edificios judiciales y a la vivienda de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y por presunto lavado de activos.
