La Justicia rosarina ordenó la inmovilización de cuentas bancarias e inhibición de bienes del agente de bolsa Daniel Casanovas. Tanto el financista como su pareja fueron imputados por estafas millonarias y otros delitos ligados a las actividades de sus empresas en la ciudad.
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El empresario en default en 2019, pero una serie de denuncias penales llevó al fiscal Miguel Moreno a presentar una acusación formal por el engaño a ahorristas e incumplimiento de contratos. La investigación se refiere al funcionamiento de cuatro firmas del sector financiero y hay otras tres personas bajo sospecha en la causa.
La Justicia no sólo considera responsable de la estafa a Casanova sino también a su pareja. En uno de los casos analizados establecieron que Samanta Bravo intervino como vicepresidenta de Cereales del Sur para acordar una inversión de 47.052 dólares.
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Por entonces la sociedad anónima estaba en una situación crítica y dos meses más tarde iniciaron el proceso de convocatoria de acreedores. Sin embargo, sus titulares defraudaron a la víctima y simularon un bienestar patrimonial y financiero para hacerse del dinero.
Estafas y cheques sin fondos
Entre las estafas denunciadas se mencionan varios incumplimientos de la Ley de Warrants. Por otra parte, una maniobra en investigación da cuenta del engaño a dos personas que le entregaron 100.000 dólares al Fideicomiso Ganadero Norte a cambio de una devolución con el 6% de interés dentro de 100 días.
Como garantes de esa operación intervinieron Cereales del Sur y Rosario E. Trade, otra sociedad anónima que tenía a Bravo como directora. Dentro de la operación, los empresarios entregaron cheques de pago diferido del Banco Macro por $2.464.500, pero no tenían fondos. Vencido el plazo, las víctimas no recuperaron el capital inicial ni obtuvieron ganancia alguna.
“El dinero no fue aplicado al objeto establecido en el contrato, es decir al engorde de ganado, y dispusieron de los fondos procurando un lucro indebido para sí o para terceros”, plantearon desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Abusos de un agente de liquidación y compensación
El fiscal Moreno sostuvo que algo similar ocurrió entre abril y agosto de 2019 con el dinero que administraba Daniel Casanova y Asociados S. A. para inversiones como la compra de dólares y títulos. En este caso detectaron que las operaciones no se correspondían con el destino que querían darle a su capital las víctimas.
Según la hipótesis del MPA, el agente de liquidación y compensación actuó “de espaldas” a sus clientes y abusó de sus facultades para hacerse de todos los activos en las cuentas de comitentes. De esta manera generó un perjuicio ilegal con el uso de pesos, moneda estadounidense y bonos, entre otros.
Tras haber escuchado a las partes, el juez Gustavo Pérez de Urrecchu admitió la imputación y estableció una serie de restricciones para Casanova y Bravo durante 180 días. En ese plazo no pueden salir del país y se les ordenó entregar sus pasaportes nacionales o extranjeros. Además se dictaron medidas de no innovar en relación a sus bienes y empresas.
