Luego de los allanamientos que incluyeron las oficinas centrales de Avellaneda, el fiscal que investiga por presuntas estafas a Vicentin señaló este jueves que el dinero obtenido por las mismas ronda los 60 millones de dólares. Además afirma que la empresa “utilizó” a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) para esos delitos.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicaron que la agroexportadora empleaba los registros de contratos de compra para mostrar “una salud financiera que no era tal”. El titular de la unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno, explicó que la firma “recibía granos que en los balances mostraba como propios sin exhibir que todavía no habían sido pagados”.

El funcionario comentó que hay seis actores damnificados que recurrieron a la Justicia por estas supuestas maniobras. La principal acreedora es la corredora Grassi, a la cual le deben alrededor de 50 millones de dólares.

En relación a la requisa de la sede de Vicentin y domicilios de empresarios en el norte santafesino, Moreno adelantó que busca “saber quiénes van a ser imputados”. Bajo sospecha se encuentran todos los integrantes del directorio en los dos años anteriores al concurso preventivo, así como síndicos y representantes legales de la cerealera con capacidad para celebrar contratos.

“Creemos que las estafas ocurrieron. Siendo una sociedad, tenemos que ver cómo se conformó la decisión para cometerlas y precisar el aporte que cada uno tuvo en relación a los delitos”, concluyó el representante del MPA.

Por otra parte, el fiscal se refirió a la clausura de las oficinas principales de la compañía en Avellaneda y confirmó que siguen trabajando para obtener extraer información digitalizada que está almacenada allí. Puntualmente aclaró que necesitaban abrir una caja fuerte y no pudieron el primer día, pero además prolongaron la medida para mantener fuera de uso las computadoras a las que deben acceder en busca de los datos.