Ante la insólita pero reiterada situación de delincuentes que utilizan la cárcel como call center, un juez de Rosario pidió al Servicio Penitenciario Federal y al de Santa Fe impedir el acceso a comunicaciones telefónicas a 16 detenidos.
El pedido fue formulado por el juez Nicolás Foppiani durante una audiencia en la que imputó con prisión preventiva a Alan Elio Funes, miembro de una familia vinculada al narcotráfico, y a otras 15 personas, como parte de una banda narcocriminal.
En la resolución, requirió a la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, María Laura Garrigós, y al secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Walter Gálvez, que “dispongan las medidas que correspondan a fin de impedir que las personas imputadas obtengan, posean y/o utilicen teléfonos celulares y/o cualquier dispositivo no autorizado de comunicaciones”.
Además, les pidió “informar dentro del término de 15 días las medidas de seguridad adoptadas a tal efecto”. La medida responde a que 9 de los 16 imputados como integrantes de la presunta asociación ilícita estaban detenidos al momento de los 11 hechos atribuidos en la nueva acusación.
Según la fiscal del caso, Valeria Haurigot, los imputados conformaron una banda narcocriminal al menos entre el 29 de septiembre del año pasado y la actualidad. De acuerdo a la investigación, la organización es liderada desde la cárcel federal de Ezeiza por Alan Funes, condenado al año pasado a 35 años de prisión por un homicidio y como jefe de una asociación ilícita narcocriminal.
Para la fiscal, “esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas”.
Según la acusación, “para llevar a cabo ese objetivo, los integrantes de la asociación cometieron diversos delitos, entre otros, homicidios, lesiones, robos, encubrimientos, amenazas, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y venta ilegal de estupefacientes, siendo esta numeración meramente enumerativa y no taxativa”.
Entre los imputados se encuentra la novia de Alan Funes, Jorgelina “Chipi” Selerpe, una joven también condenada en una causa por narcotráfico e imputada junto a su pareja por un homicidio. Según la investigación, también forman parte del entramado narcocriminal que opera en el sur de Rosario la abuela de Alan Funes, y una tía y dos primos de Selerpe.
La acusación de la fiscal Haurigot describe a lo largo de 11 hechos registrados en los últimos seis meses los roles de cada miembro de la banda, que van desde los “gatilleros” que cometen asesinatos o balaceras, a quienes guardan las armas o conducen los vehículos de la organización, así como los vendedores de drogas al menudeo.
El juez Foppiani aceptó la imputación de la fiscal y dictó prisión preventiva para los acusados, detallaron fuentes judiciales.
